Senda de estabilidad presupuestaria

El FMI avisa de que España incumplirá de forma sistemática el control del déficit de Bruselas

alto cargo económico abandona Gobierno
La ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Hacienda, María Jesús Montero.

Ni rastro del objetivo de déficit público del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) ni de la reducción de la deuda de las administraciones al 60% del PIB sine die. Si antes de la pandemia -especialmente durante la anterior tormenta de la deuda que estalló en 2012- eran dos aspiraciones irrenunciables para los países miembros de la zona euro si no querían enfrentarse a un rescate y a la intervención de la troika, las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) constatan que España incumplirá las reglas fiscales europeas de forma indefinida.

Según los datos del organismo que dirige Kristalina Georgieva, el déficit público pasará del 2,5% del PIB que dejó en herencia Mariano Rajoy en 2018 a Pedro Sánchez y del 2,8% de 2019 a dispararse hasta el 14,09% en 2020, un agujero sin precedentes en la democracia que demuestra los graves problemas presupuestarios a los que se enfrentará el sector público español, del que siguen dependiendo miles de empresas y trabajadores por culpa de las medidas restrictivas impuestas para frenar la pandemia.

A final de año la deuda superará el 123% del PIB. De hecho, la deuda pública crece mucho más que el déficit por los avales que está concediendo el Gobierno a las empresas durante la pandemia y lo seguirá haciendo en el futuro porque el Estado adelantará el dinero del rescate europeo en los Presupuestos para tratar de reactivar la actividad.

El gran problema para la sostenibilidad de las cuentas llegará en el momento en el que muchas de las empresas que han sido rescatadas cuando le toque el momento de devolver el dinero no puedan hacerlo porque han quebrado, lo que dejará en una situación delicada al ICO y, por supuesto, al propio Estado.

Sin embargo, el agujero en las arcas públicas y los altos niveles de pasivo de las administraciones no es un lastre temporal, sino un problema enquistado. Por ejemplo, el déficit -aunque se moderará a partir de 2021- apenas pasará al 7,5% en 2021, se situará en el 5,8% en 2022, seguirá en el 4,73% en 2023, bajará al 3,9% en 2024 y volverá a subir al 4,3% en 2025 con las políticas constantes. Es decir, que lo que muestra esta senda es un claro desequilibrio presupuestario que exigirá duros recortes.

A esto se suma que la deuda pública seguirá según las estimaciones de Bruselas por encima del 118% del PIB en 2025, lo que implica si se sigue la tendencia de reducción que durante décadas el endeudamiento seguirá por encima del 60% a no ser que se impulsen recortes draconianos, que sin duda no se producirán bajo un Gobierno presidido con Pedro Sánchez e Iglesias o sin la intervención de la Comisión Europea como ocurrió en 2012.

Por ahora, el Gobierno ya ha anunciado una de las medidas con la que se siente más cómoda: elevar los impuestos en cerca de 7.000 millones, para lo que tendrá que tocar grandes impuestos como el IVA o el IRPF.

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