España: Autobloqueo geoeconómico irracional

Hemos terminado un año 2025, que desde el punto de vista de acontecimientos geoeconómicos nos ha parecido una década. Además, comenzamos un año 2026 con la cinematográfica intervención militar de la 1st Special Forces Operational Detachment- Delta contra una conspiración narcoterrorista, que ha culminado con el arresto del dictador Maduro en Caracas para llevarlo frente a los tribunales en Nueva York de la mano de la Administración de Control de Drogas (DEA). Un evento geopolítico que incomoda a un Gobierno de España que todavía no ha reconocido el escandaloso pucherazo y fraude electoral, ni ha felicitado a Corina Machado por su merecido Premio Nobel de la Paz.

Es momento para detenernos en algunos casos que ilustran cómo las malas políticas geoeconómicas pueden volverse autodestructivas cuando priorizan los relatos políticos, sobre la estabilidad económica interna. Decisiones que incluyen el uso de herramientas geoeconómicas como sanciones o restricciones comerciales, que acaban como un boomerang contra los propios decisores políticos.

Empecemos con Rusia. La Unión Europea impulsó numerosas rondas de sanciones contra su principal proveedor energético, incluyendo la prohibición total de las importaciones de crudo y refinados. Medidas que han provocado una severa crisis energética en Europa, con los precios del gas natural disparados hasta un 40%. Durante el año 2025, algunos países bálticos como Estonia, Letonia y Lituania han recibido la ayuda financiera de la Comisión Europea para mitigar el daño colateral de estas sanciones en sus economías.

Rusia respondió a dichas sanciones con medidas como la interrupción de los suministros de gas a Europa, la exigencia de pagos en rublos para exportaciones y la extensión de los embargos a importaciones de alimentos de países hostiles como los EEUU, Canadá o la Unión Europea. Decisiones motivadas por objetivos geopolíticos para contrarrestar la presión internacional que han supuesto la caída drástica de los ingresos fiscales, la elevación de su déficit presupuestario, la reducción de sus exportaciones agrícolas, una inflación interna disparada y mayores costes para los consumidores rusos.

«Ejemplo de una elección geoeconómica equivocada fue la compra del Gobierno de España de los helicópteros apagafuegos rusos»

Siguiendo con Rusia, otro ejemplo de una elección geoeconómica equivocada de un socio industrial, fue la compra por parte del Gobierno de España de los grandes helicópteros apagafuegos rusos KAMOV Ka-32 que no pudieron operar durante los incendios explosivos del verano pasado debido a las implicaciones del embargo sobre el mantenimiento y los repuestos de vehículos rusos.

La realidad es que, durante el año 2025, el Gobierno de España ha tomado varias decisiones geoeconómicas motivadas únicamente por consideraciones políticas irracionales que están afectando negativamente a nuestro tejido industrial.

Lo ha hecho especialmente en sectores como la Defensa, las infraestructuras y la construcción. Unas decisiones negativas tanto para asegurar un liderazgo tecnológico como para garantizar las cadenas de suministro y la autonomía estratégica.

Estas medidas, similares a los auto bloqueos priorizan los objetivos geopolíticos, posiciones ideológicas en conflictos internacionales, sobre nuestra propia estabilidad económica interna. Recordemos que el Gobierno aprobó un embargo total de la compra de suministros de Defensa y seguridad al estado democrático de Israel en septiembre de 2025, justo al inicio de la paz, como una respuesta política al conflicto en Gaza, incluyendo la cancelación de contratos existentes y el cierre de los puertos y el espacio aéreo para el transporte de armas o combustible destinados a Israel. 

Una decisión que está produciendo unos daños significativos para nuestra industria aeronáutica y de defensa. Se cancelaron contratos por valor de 207 millones de euros con el proveedor de municiones Rafael Advanced Defense Systems, obligando al Gobierno de España a pagar penalizaciones millonarias con fondos públicos mientras la empresa israelí retenía los productos y los vendía a otros clientes o intermediarios. 

«Airbus ha presionado al Gobierno de España con el objetivo de activar excepciones a este embargo irracional»

Incluso la empresa europea Airbus ha presionado al Gobierno de España con el objetivo de activar excepciones a este embargo irracional, advirtiendo de la deslocalización de algunos programas clave de Defensa y de miles de empleos afectados en su cadena de montaje por las importaciones de componentes israelíes en la producción localizada en España. 

El embargo es una decisión que está impactando negativamente sobre nuestro tejido industrial con unas pérdidas estimadas de 308 millones de euros para aquellas compañías españolas que estaban operando en Israel, incluyendo la retirada de inversiones millonarias procedentes de Israel con amenazas de demandas por el incumplimiento de los contratos. Señalar el caso de la corporación Comsa, que se ha tenido que retirar de una licitación para construir la línea de tren ligero en Jerusalén debido a la presión política, con un impacto directo sobre el sector de las infraestructuras. 

En total, el comercio bilateral, con exportaciones españolas a Israel por unos 1.800 millones de euros en 2024 y 1.300 millones hasta septiembre de 2025 se vio mermado, con impactos negativos en los empleos industriales, reduciendo el crecimiento en industrias clave como defensa, seguridad, tecnológica e infraestructuras.

Son unas decisiones tomadas ajenas a una planificación industrial sólida. La defensa no puede construirse con soluciones parciales o decisiones impulsivas. Un sistema de Defensa eficaz se apoya en dos pilares fundamentales integrados: por un lado, el mando, el control y la inteligencia, y por otro la capacidad logística.

Israel siempre ha sido un proveedor tecnológico clave muy fiable para nuestra industria de seguridad, con una amplia experiencia e información sobre nuestros sistemas integrados que forman parte de las capacidades esenciales. 

Prescindir de esta tecnología de una forma tan súbita y arbitraria supone debilitar nuestro sistema de seguridad global e incrementa de manera visible la vulnerabilidad de nuestra defensa antiaérea y de los sistemas de radar.

Otro ejemplo que muestra cómo una política fuera del correcto alineamiento geopolítico genera unos costes internos inesperados, como la pérdida de contratos, futuras deslocalizaciones y represalias comerciales comprometiendo nuestros intereses estratégicos a largo plazo, son los contratos públicos adjudicados a la empresa tecnológica china Huawei. 

Entre los años 2023 y 2025, el Gobierno español ha adjudicado a Huawei varios contratos significativos, como el llamativo de 12,3 millones de euros para la compra de los sistemas de almacenamiento de las escuchas judiciales, OceanStor 6800 V5 y el soporte técnico para el Sistema Integrado de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (SITEL), utilizado por el CNI y por las fuerzas de seguridad. Bajo el pretexto de aprovechar una tecnología barata y avanzada, se han ignorado todas las advertencias internacionales sobre los riesgos de espionaje, lo que ha generado grandes tensiones con aliados como los Estados Unidos. Una política que pretende potenciar los lazos comerciales con China, con la aspiración de ser un puente en un mundo multipolar, por encima de la tradicional alineación con Occidente, asumiendo las más que posibles restricciones en la cooperación antiterrorista internacional además de daños a nuestro tejido industrial de seguridad y Defensa.

No olvidemos que Huawei es una extensión del gobierno chino en manos del Partido Comunista, con un gran potencial para comprometer las infraestructuras críticas españolas. Los contratos se han adjudicado pese a que se excluyó a Huawei de los núcleos de las redes 5G en el año 2023, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y de la OTAN. Se ha mantenido la renovación de los contratos de Telefónica para los equipamientos de 5G y el papel de Huawei como un asesor clave en proyectos como SOC-5G.

Estas decisiones repercuten en el tejido industrial español de las telecomunicaciones, afectando a una Telefónica dependiente de proveedores chinos, que se enfrenta a los riesgos de una deslocalización o pérdida de inversiones. Telefónica renovó en diciembre de 2024 un contrato clave con Huawei para la gestión del núcleo de su red 5G stand alone para sus millones de clientes residenciales, en un acuerdo que se extiende desde el año 2025 hasta el año 2030. Este es uno de los contratos más importantes por su impacto en el tráfico de datos masivo. Sin embargo, para el segmento empresarial y de administraciones públicas, Telefónica adjudicó el contrato a Nokia a principios de 2025, como parte de una estrategia de diversificación y reducción de la dependencia de un único proveedor.

MasOrange y Vodafone en España adjudicaron a Huawei durante 2025 la gestión de sus centros de control de red (NOC), que son los responsables de la monitorización y del mantenimiento. En todos estos contratos se señala el bajo precio de Huawei, sospechosamente imbatible, en un entorno como el español que no ha aprobado una lista explícita de proveedores de riesgo para nuestras infraestructuras críticas a diferencia de otros países europeos como el Reino Unido. Por su parte la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) publicó una licitación anunciada en Nochebuena de 484.000 euros para los repuestos y el equipamiento de Huawei para su red interna de datos.

En sentido contrario, en agosto de 2025, el gobierno canceló un contrato de 10 millones de euros con Telefónica sobre los equipos Huawei para la RedIRIS, red de fibra óptica para las universidades, departamentos de investigación y algunas instituciones de Defensa, por «motivos de soberanía estratégica y autonomía tecnológica”, tras la presión de los EEUU y la Unión Europea. Algunos de estos contratos públicos contradicen las políticas de «desacoplamiento» impulsadas por Washington, que etiquetó a Huawei como un «riesgo inaceptable» en 2019, prohibiendo su presencia en las telecomunicaciones estadounidenses desde el año 2022.

El resultado es un enfoque inconsistente en ciberseguridad, donde el ahorro económico obtenido con Huawei se ve eclipsado por unas vulnerabilidades que exponen nuestros datos sensibles relacionados con el terrorismo, el crimen organizado y el espionaje, afectando directamente a la soberanía digital española. El impacto más directo se observa en nuestras relaciones con los Estados Unidos, dichos contratos han provocado unas advertencias explícitas sobre la continuidad del intercambio de datos de inteligencia con las autoridades españolas. Aunque España no forma parte del “Grupo de los cinco ojos”, accede a dicha información de inteligencia antiterrorista gracias a sus alianzas bilaterales y pertenencia a la OTAN, una información crítica sobre las amenazas yihadistas, cibernéticas y el crimen organizado. Los EEUU han amenazado con limitar este flujo si sus aliados siguen utilizando la tecnología de Huawei. 

En resumen, mientras las operadoras privadas eligen Huawei por razones exclusivamente económicas en los segmentos no sensibles, los contratos públicos en aquellas áreas sensibles se están enfrentando a cancelaciones o a fuertes críticas internacionales. Estos contratos, junto con la negativa pública a incrementar nuestro presupuesto de Defensa, son un ejemplo de cómo una decisión geoeconómica errónea erosiona la confianza mutua, dejando a España con menos recursos contra el terrorismo yihadista y el narcotráfico. En un contexto de guerra comercial global, este auto bloqueo geoeconómico está dando prioridad a unos pretendidos beneficios cortoplacistas con China frente al mantenimiento de la estabilidad estratégica con los EE.UU., lo que afectará a competitividad de nuestra economía, a numerosos empleos en la industria de la alta tecnología y al acceso a la inteligencia artificial de nuestro país en el actual orden mundial.

Unas decisiones políticas irracionales, que solo pueden entenderse por factores psicológicos, cognitivos, emocionales y sociales que cuestionan la racionalidad. 

Las narrativas populistas y la propaganda, patrones de la política internacional del gobierno español, están actuando como unos indicadores de alerta temprana de los crecientes riesgos y daños geoeconómicos futuros a nuestra seguridad e industria de defensa que seguiremos teniendo que afrontar los próximos meses.

Damnum ex decisionibus irrationalibus oritur

José Luis Moreno, economista ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.