El coste de la productividad de los funcionarios del Estado llega por primera vez a 1.000 millones

Por primera vez, la Administración Central ha llegado a presupuestar más de 1.000 millones de gasto en incentivos al rendimiento de los empleados públicos, que además de productividad incluyen gratificaciones sin que se mencione su función. Representan el 6% del coste destinado a pagar las nóminas y ha aumentado un 6,2% respecto al año anterior. Ha ido incrementándose desde el comienzo de la crisis. Ha pasado de alcanzar los cerca de 699 millones en 2007 a esos 1.001 millones previstos en 2019. Es decir, ha aumentado un 44% en este periodo sin que se observen sus resultados.

Es el Ministerio de Interior, con 476 millones, el que lidera el listado de este complemento con un alza del 10% respecto a 2018. Le sigue Defensa, con cerca de 177 millones; Hacienda, con 125 millones (más de 83 millones corresponde a la Agencia Tributaria, que reparte esta retribución en una especie de comisión por acta liquidada y no recurrida, lo que evita que se persigan menos los casos más complicados); y, por ejemplo, Trabajo, con 48 millones (casi la mitad corresponde al programa de prestaciones por desempleo). Se desconocen los parámetros de cada departamento para medir esa productividad. No son públicos. Por ejemplo, los empleados de las Cortes tienen asignados casi un millón de euros por este concepto y los del Consejo de Estado, 1,2 millones. Mientras, ministerios con todas sus competencias transferidas a las autonomías, como Sanidad o Educación disponen de 8,4 millones y 4,4 millones respectivamente.

Según un estudio del BBVA,  la productividad de los funcionarios, cuya retribución pretende elevar Casado para que cobren más los más eficientes, está en unos 28 euros por hora trabajada mientras que la media de la Eurozona es de 32 euros, casi un 15% más. Tan sólo la función pública portuguesa está por debajo (19 euros por hora). La de Dinamarca está en 41 euros; la de Italia, en 38; la de Francia, en 36; y la de Alemania en 30 euros por hora. En términos de PIB, se observa nítidamente esta baja productividad del empleo público español. Aunque el gasto público representa anualmente el 42% del PIB, sólo aporta el 16% del Valor Añadido Bruto nacional pese a disponer de más de tres millones de empleados. Sin embargo, por ejemplo, el sector industrial, tiene el mismo peso en la economía nacional del 16% pero dispone de un millón largo de empleados menos.

Estatuto del Empleado Público

La base legal de este complemento retributivo se estableció en 1984 para compensar el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con el que el funcionario desempeña su labor. Se ha ido disponiendo en todas las leyes presupuestarias y en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, que 12 años después sigue sin desarrollarse.

Su cuantía no puede exceder los costes totales de personal de cada programa presupuestario y de cada órgano, se asigna teóricamente de forma individual  y se recibe con carácter mensual. No se trata de un complemento fijo y es el responsable de la gestión de cada programa de gasto, en manos de los subsecretarios en los ministerios, quien determina a quién y qué cantidades se asignan. Es el complemento más controvertido de los que reciben los funcionarios porque genera enormes suspicacias entre los propios funcionarios.

No todos los empleados públicos cobran este complemento de productividad. Sólo los elegidos. En la práctica, menos de la mitad de los funcionarios lo perciben y la cifra es aún inferior entre los considerados personal laboral. Los sindicatos se quejan de su carácter subjetivo, de su falta de transparencia y de objetivos a conseguir, de utilizarse para pagar la prolongación puntual de los horarios o la función del destino, que ya tienen su propio complemento, y de beneficiar a los más altos funcionarios, sobre todo a los próximos a los partidos que gobiernan. Además, esta retribución, que debe fijarse de forma individual, es frecuente que se reparta por igual entre colectivos, unidades y equipos.