Correos apuesta por la paquetería mientras Bruselas la investiga por competencia desleal

Correos apostará fuertemente por el envío de paquetería procedente del ecommerce, a tenor de las declaraciones de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Una diversificación acertada para elevar la rentabilidad de la compañía pública postal, teniendo en cuenta el auge del comercio electrónico, pero que choca de bruces con la investigación por parte de la Comisión Europea (CE) por un posible uso de fondos públicos para financiar unidades de negocio que nada tienen que ver con el Servicio Público Universal (SPU) e incurrir en un delito de competencia desleal.

La aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 aún están entre bambalinas, aunque previsiblemente se aprobarán a principios del mes de abril. Una partida importante de las cuentas públicas va destinada a Correos, aunque en los últimos años se ha visto recortada. Actualmente la dotación de los PGE para la compañía postal se eleva a 120 millones de euros en 2017, frente a los 180 millones de euros de 2016.

Sin embargo, a pesar de las inyecciones de dinero público, no ha logrado paliar los números rojos de Correos. Para 2017 se espera que la firma postal arroje pérdidas de hasta 166 millones de euros, frente al resultado negativo de 51 millones de euros de un año antes.

«En la paquetería está el futuro, y es un futuro imparable en el marco de la competencia y al amparo del auge del comercio electrónico», ha señalado Montoro.

La estrategia tiene sentido, el comercio electrónico en España superó los 7.300 millones de euros en el segundo trimestre de 2017, un 23,4% más que en 2016, según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

El titular de Hacienda, además, ha recordado que Correos tiene dos vertientes de actividad. Una de ellas, encomendada por ley, consiste en la prestación del servicio postal público, para garantizar comunicaciones postales de calidad a todos los ciudadanos.

Esta actividad recibe el nombre de Servicio Público Universal (SPU) y es la única unidad de negocio de Correos que puede ser financiada con dinero público.

También ha recordado Montoro que Correos “está fortaleciendo el negocio de la paquetería”, apoyándose en las nuevas tecnologías y la innovación para sortear el declive de su negocio tradicional. Es decir, cada día hay menos cartas que enviar y no hay paquetería que se entregue y lleve a sus receptores con función social.

El problema radica en que esta vertiente del negocio de la postal no puede ser financiada con las arcas públicas, porque, al dar servicio en régimen de libre competencia, podría estar incurriendo en un delito de competencia desleal.

Esto es precisamente lo que está evaluando desde hace años la Comisión Europea (CE). Bruselas tiene el foco puesto en las ayudas públicas brindadas a Correos desde 2011 y evaluar si la postal usa los fondos públicos para competir con el resto de compañías del sector logístico de paquetería.

Fuentes del sector aseguran a OKDIARIO que las cuentas desglosadas de Correos han sido pedidas en varias ocasiones, pero no han obtenido respuesta.

Los sindicatos amenazan con movilizaciones en mayo

Los sindicatos, que acusan al Gobierno de maquillar la realidad de Correos, reclaman que la partida que llega de los PGE se eleve hasta 230 millones de euros.

CCOO ha calificado de “vergüenza la ‘modernización’ a la que el ministro ha hecho mención porque Correos lleva sin plan de empresa desde hace casi un año”. Y, además, acusa al Ejecutivo de estar dejando “el espacio rentable de la paquetería y la logística a las empresas privadas, tratando de convertir Correos en una empresa residual e insignificante dependiente única y exclusivamente de la carta”.

Los sindicatos mayoritarios en la postal han amenazado con movilizaciones “contundentes esta primavera en todas las provincias del Estado cuyo primer hito será el 4 de mayo”.

Casi 1.000 millones de dinero público en 6 años

Según los datos de 2016 fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, Correos ha recibido desde 2011 a 2016 un total de 920 millones de euros procedentes de las arcas públicas.

Además, señalaban desde el Tribunal de Cuentas que «dado el elevado importe de las compensaciones» recibidas y el amplio periodo de tiempo trascurrido desde la aprobación de la Ley Postal, es «necesario que se establezca un Plan de Prestación del SPU que permita la liquidación de las compensaciones por la carga financiera injusta».