Ni los 1.000 millones de euros de las arcas públicas logran sacar a Correos de la ‘UCI financiera’

La compañía pública Correos ha recibido desde 2011 a 2016 un total de 920 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, según los datos de 2016 fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. Además, señalan, la firma postal habría arrojado unos números rojos de 52 millones de euros, a pesar de la inyección de dinero público de 180 millones de euros.

El organismo ha analizado las cuentas de Correos y ha señalado que “el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias de Correos del ejercicio 2016 presenta unas pérdidas de 52 millones de euros”.

Expone, además, que el 75% de los costes de los servicios prestados en 2016 corresponden a “productos universales, el 6% a los servicios electorales y el 19% al resto de productos”. Con respecto a la plantilla, el Tribunal de Cuentas señala que “los costes de personal representaban el 72% de los costes totales globales” de esos doce meses.

Sin contar la dotación a Correos de los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), cabe destacar que, según el Tribunal de Cuentas, desde ejercicio de 2011 hasta el de 2016 la firma postal española ha recibido 920 millones de euros. Según el mismo informe, las asignaciones de los ejercicios 2015 y 2016 ascendieron a 180 millones de euros, en cada ejercicio”.

Las cuentas de Correos correspondientes a 2017 aún no han sido fiscalizadas, sin embargo, el Gobierno tiene en previsión unas pérdidas de 166 millones de euros. En los últimos PGE la compañía amarilla ha recibido una inyección de las arcas públicas de 120 millones euros frente a los 180 millones de euros.

Una financiación pública que ha sido rechazada en varias ocasiones por los sindicatos del comité de empresa de Correos, éstos han pedido incrementar la financiación del Servicio Postal Universal de los 120 millones actuales hasta los 230 millones.

Además, desde el Tribunal de Cuentas, señalan que «dado el elevado importe de las compensaciones» recibidas y el amplio periodo de tiempo trascurrido desde la aprobación de la Ley Postal, es «necesario que se establezca un Plan de Prestación del SPU que permita la liquidación de las compensaciones por la carga financiera injusta».

Explican que la regularización de esta situación contribuiría a evitar la apertura de nuevos procedimientos de revisión por parte de la Comisión Europea respecto de las ayudas concedidas a partir de 2011. Recordemos que la financiación pública va destinada exclusivamente al SPU, pero ésta no está desglosada en las cuentas de Correos lo que denota, según los funcionarios europeos, “poca transparencia”.

Un hecho, que va íntimamente ligado a la apuesta por la paquetería, si la Sociedad Pública usa el dinero de los PGE para financiar las otras dos divisiones, estaría incurriendo en un delito de competencia desleal. Un escenario que, como decimos, es el que está estudiando precisamente Bruselas.

En la actualidad esta investigación está pendiente de resolución y, si sale adelanta, señala el Tribunal de Cuentas, «puede derivar en la obligación de devolver parte de los importes recibidos, lo que obligaría a Correos a tener que recurrir al endeudamiento para afrontar dichos pagos».