La CNMV investiga seis denuncias contra Oughourlian por la última ampliación de capital de Prisa

Accionistas minoritarios de Prisa han denunciado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), regulador del mercado bursátil, a Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de la compañía, a Pilar Gil, vicepresidenta y directora financiera, y a Pablo Jiménez de Parga, secretario del consejo, por un posible abuso de mercado en la última ampliación de capital del grupo de medios, aprobada y cerrada en unas horas a finales de marzo.

Una de las denuncias, a la que ha tenido acceso este diario, pide a la CNMV que investigue la citada ampliación y a los citados directivos de Prisa «por la posible comisión de conductas concertadas prohibidas en virtud del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado, la vigente Ley del Mercado de Valores, así como el resto de normativa aplicable».

Las denuncias subrayan la decisión de Oughourlian, con el apoyo de algunos consejeros y sin oposición del Secretario no consejero, de aprobar a finales de marzo una nueva ampliación de capital -hubo otras dos en 2023 y 2024 en forma de emisión de bonos convertibles obligatoriamente en acciones- con exclusión del derecho de suscripción preferente de los ya accionistas para blindarse en el puesto.

«Recientemente, en el ámbito de un patente conflicto de accionistas de la Sociedad conforme se puede inferir de la información existente en los distintos medios de comunicación, se ha producido una ejecución del aumento de capital social de la Sociedad por parte del consejo de administración cuyo control ostenta evidentemente el Presidente y directamente accionista de mayor significancia de la Sociedad, haciendo uso de la delegación efectuada por la junta general de accionistas en junio de 2024, con exclusión del derecho de adquisición preferente en el marco del conflicto accionarial, así como conversión de obligaciones convertibles del Sr. Presidente del Consejo de Administración a través de sus entidades participadas», relatan los escritos.

«Con ello, se ha producido la evidente dilución de los bonistas y accionistas de la Sociedad menos el propio Presidente, utilizando sus obligaciones convertibles y con una patente dificultad de justificación de la exclusión del derecho de adquisición preferente en otro sentido», señalan.

Además, advierten a la CNMV sobre las compras de Oughourlian de bonos convertibles en las ampliaciones de capital de 2023 y 2024, que cifran en un 29% del total de bonos emitidos en la primera y un 43% del total en la segunda. «En el supuesto de que se convirtiesen todas las emisiones pendientes (quedaban 63.287 obligaciones de la primera emisión de las cuales 25.166 son del Presidente y 212.616 de la segunda emisión de las cuales 116.422 son del Presidente) el Presidente alcanzaría el 34,09% del capital social», alertan, porcentaje que estaría por encima del límite del 30% para obligatoriamente tener que lanzar una OPA por el 100% de Prisa.

«Las actuaciones antes indicadas, y la falta de información al mercado, hacen
pensar que, muy probablemente, de forma presunta, concurren actuaciones del Presidente y sus entidades controladas / vinculadas al mismo, con apoyo y conocimiento igualmente de otros consejeros y el Secretario No Consejero de la Sociedad, dirigidas a intereses propios de control de la Sociedad por los primeros mediante actuaciones e información engañosa al mercado y por tanto a los restantes accionistas», finaliza otra de las denuncias.

Las denuncias ante la CNMV de accionistas minoritarios se suma a la demanda que ha interpuesto Global Alconaba, que tiene algo menos del 7% y está en el consejo de Prisa, contra Oughourlian por la ampliación de capital de marzo y la refinanciación de la deuda.

Global Alconaba agrupa a un conjunto de empresarios españoles que quiere destituir al inversor francés de la gestión de Prisa, y están liderados por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras -socios en el lanzamiento de La Sexta-.

Esa denuncia pedía como medidas cautelares que se paralizara la refinanciación de la deuda, argumentando que tiene cláusulas ilegales que sólo persiguen blindar a Oughourlian en la presidencia. El juzgado ha dado la razón a Oughourlian y ha rechazado esas medidas cautelares.