La UE desenmascara la reforma de las pensiones de Sánchez: debe hacer un ajuste de 12.000 millones

La Comisión Europea ha machacado la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez e impulsada por el entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que le obligará a hacer un ajuste de 12.000 millones. Según un informe sobre el Envejecimiento de la Población publicado por el Ejecutivo de Bruselas, España será el país que más va a sufrir por el gasto en pensiones de todos los que pertenecen a la Unión Europea, porque es claramente excesivo. De hecho, supondrá un incremento del gasto de hasta 4,6 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB) en el periodo de proyección, que abarca hasta 2070, según el Informe de Envejecimiento de 2024 difundido este viernes.

El diagnóstico representa una enmienda a la totalidad de la reforma socialista, que eliminó el factor de sostenibilidad establecido en su momento por el Gobierno de Mariano Rajoy y decidió consolidar estructuralmente la revalorización de las pensiones de acuerdo con la evolución de los precios de consumo, es decir, de la inflación, hasta el punto de que la remuneración de la prestación por jubilación aumentó un 8,5% en 2023. «En resumen, las medidas adoptadas en 2021 y 2023 conducen a un aumento del gasto público en pensiones de 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y de 5 puntos porcentuales en 2070», reza el documento.

Estas reformas hacen referencia a la nueva indexación según el Índice de Precios al Consumo (IPC) -aprobada en 2021- y la eliminación del factor de sostenibilidad de 2023 que da paso al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Además, la segunda parte de esta reforma, que debe garantizar la sostenibilidad al largo plazo del sistema y que incluye la revisión del periodo de cómputo de la cotización, está ligada al cuarto pago de más de 10.000 millones de euros del plan de recuperación, todavía pendiente de aprobación por parte de la Comisión, cuya evaluación llegará el 20 de mayo.

Gasto en pensiones en España

El informe de Bruselas señala que los principales motores de esta presión al alza sobre el gasto son la nueva regla de indexación basada en el IPC y la supresión del factor de sostenibilidad, que apenas se ven compensados por el nuevo mecanismo de incentivos para alargar la efectiva de retiro así como el aumento sostenido de las cotizaciones sociales, que han castigado severamente a las empresas disparando los costes laborales y abocando a un recorte de las plantillas, cuando no a la quiebra de las compañías en situación más frágil.

«El nuevo régimen de bonificación/penalización y el correspondiente aumento de la edad efectiva de jubilación compensan parcialmente este aumento, pero el resto de las medidas adoptadas aumentan ligeramente el gasto público en pensiones», indica el documento.

En relación al Informe de Envejecimiento publicado el 2021, España ha recibido también la mayor revisión al alza, con 6,5 puntos porcentuales más en la previsión de todos los gastos relacionados con el envejecimiento en el periodo 2022-2070.

La Comisión también apunta que el gasto aumentará considerablemente durante la primera parte del periodo de previsión, hasta 2045, un periodo en el que España registrará también el mayor incremento, con casi 4 puntos porcentuales del PIB, seguida de Lituania, Eslovenia, Portugal, Eslovaquia, Chipre y Luxemburgo, con un incremento de 2,5 a 3 puntos porcentuales del PIB.

En cambio, las cuentas de la Seguridad Social y la evolución de las pensiones habría sido radicalmente distinta de haber continuado la reforma que en su día aprobó Rajoy y que garantizaba mucho mejor la sostenibilidad del sistema, según se deduce el informe de la Comisión. En ese escenario, las pensiones no habrían subido el 8,5% en 2023, aunque habrían perdido, en efecto, poder adquisitivo, algo que el presidente Sánchez no estaba dispuesto a consentir -para diferenciarse de la gestión del Partido Popular- a pesar de que el déficit público ya estaba disparado y cerró el ejercicio muy por encima del 3%.

El aumento del gasto en pensiones complicará el cumplimiento de las reglas fiscales restablecidas por la Comisión Europea, y podría provocar que el España entrase en el proceso de déficit excesivo, que incluye sanciones de hasta el 0,5% del PIB.