La Audiencia autoriza extraditar a Mattos, accionista de ‘El Español’, por un caso de soborno

La Audiencia Nacional ha autorizado la extradición del empresario Carlos Mattos, accionista minoritario de El Español según recogía este medio el pasado abril, al estar investigado en un caso de corrupción relacionado con el fabricante coreano Hyundai.

Mattos está acusado por las autoridades colombianas de sobornar a funcionarios judiciales e ingenieros que ayudaron a acelerar el curso de una demanda en la que estaba implicado y lograr así que ésta llegara al despacho de un juez que fallaría a su favor, según el portal de noticias colombiano Zona Cero.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con la consejera delegada de El Español, Eva Fernández, para recoger una valoración al respecto sobre este hecho, pero ha declinado hacerlo.

El caso de Mattos se remonta a 2015 cuando la compañía coreana Hyundai Motor Company decidió quitar a la entonces firma del empresario, Hyunday Colombia, la representación de la marca en el país.

Tras ello, este accionista de El Español demandó ante la Justicia colombiana a la multinacional con el objetivo de que se le reparara por los daños ocasionados. Sólo dos meses después de presentar la demanda, elaborada por un ex magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema, el juez Reinaldo Huertas falló a favor de Mattos, una resolución que impidió a la multinacional la comercialización de sus vehículos con una compañía diferente a la de Mattos.

El auto dictado por la sección tercera de lo Penal ha dado el visto bueno a la entrega de Mattos —si bien la última palabra corresponde al Gobierno español—, tras descartar una motivación política en la reclamación de Colombia como alegó el empresario en la vista de extradición, según informa Efe.

Recurso de súplica

En su resolución, contra la que cabe recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal, el tribunal de la Audiencia Nacional descarta la persecución política del reclamado, que en la vista de extradición denunció que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, fue su abogado en esta caso y sostuvo que le persigue «de una manera despiadada».

Sin embargo, para la Sala «la sola relación» del reclamado con el Fiscal General de la Nación de Colombia, no permite atribuir carácter político a la persecución penal y agrega que las causas de abstención de las autoridades judiciales o fiscales colombianas «deberán ser resueltas por los mecanismos procesales establecidos al efecto, pero no deben impedir el enjuiciamiento en Colombia».

Tampoco su nacionalidad española, que obtuvo en 1999, impide la entrega y sobre la posibilidad de que se le pudiera juzgar en España, como planteó denunciando que en Colombia «no hay justicia». Los magistrados consideran que en este caso «concurren varias circunstancias que aconsejan el enjuiciamiento de los hechos en el lugar en el que se produjeron los presuntos actos delictivos».

De igual modo, argumentan que las pruebas materiales se encuentran en Colombia y que la prueba «testifical y la pericial sobre las manipulaciones informáticas supuestamente realizadas, depende de la comparecencia de numerosas personas residentes en Colombia».

La Sala recuerda además que ya han sido juzgadas en ese país «varias de las personas que intervinieron en los hechos y, por la documentación remitida, parece que pende el enjuiciamiento de alguno más, además del reclamado (…) lo que puede provocar riesgo de resoluciones contradictorias si se enjuician por separado».

Lo que sí le permitirá la nacionalidad española, añade el auto, es solicitar el cumplimiento en España de la pena que finalmente se le pudiera imponer.

Delito de cohecho

Para acceder a la entrega, los magistrados señalan que concurren los requisitos de doble incriminación —analogía de los delitos en ambos países— y mínimo punitivo. Los delitos por los que está reclamado equivaldrían en España a los de cohecho y daños informáticos, recoge Efe.

Por este caso las autoridades colombianas iniciaron una investigación al empresario y lo declararon huido después de que no se presentara en el consulado de Colombia en Madrid a la audiencia virtual en su contra.

Un juez colombiano le imputó en relación a estos hechos «delitos de cohecho por dar y ofrecer en grado de autoría, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático».