Los afectados del Popular ignoran el informe de la JUR: «Decidirán los tribunales»

«Previsible», «lo esperado», «papel mojado»… Con estas palabras han recibido representantes legales de los miles de afectados por la intervención del Banco Popular -más de 300.000- el informe de la Junta Única de Resolución (JUR) que descarta compensaciones por su decisión. «La JUR no se iba a tirar piedras contra su propio tejado puesto que fueron ellos quiénes intevinieron el banco. Serán los tribunales quiénes decidan», explican diferentes bufetes.

La JUR ha hecho público este lunes un tercer informe de Deloitte sobre la situación del banco y los datos en los que se basó para intervenir la entidad la noche del 6 de junio de 2017 y su posterior venta por un euro al Santander. Según este informe, la intervención y venta era la mejor opción porque una liquidación hubiera generado más pérdidas, hasta 34.100 millones en el peor de los escenarios -frente a los 11.400 millones generados por la intervención-.

Pero los afectados por la intervención, accionistas y bonistas que perdieron de la noche a la mañana sus títulos, restan valor a la decisión de la JUR. «Entra dentro de lo esperado, de lo normal, porque es el mismo órgano que decretó la resolución», explican desde el bufete Cremades & Calvo Sotelo, que han denunciado a la JUR ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE).

«Esto es la vía administrativa, que hay que agotar, pero todavía queda lo más importante que es la vía judicial y que es la que puede resarcir a los accionistas de lo hecho por la JUR», aseguran desde este bufete. «Y ahí estamos muy optimistas por cómo se hicieron las cosas y por la fuerza del derecho a la propiedad que defienden la Constitución española y la europea», añaden.

Además, y aprovechando que de nuevo el informe hecho público por el organismo europeo no es el definitivo y tiene partes tachadas, desde este bufete apuntan a la «indefensión» que sufren los afectados.

Demandas

En la misma línea se ha manifestado a través de un comunicado  Patricia Suárez, presidenta de Asufín, agrupación personada en la causa penal que instruye la Audiencia Nacional. En su opinión, la JUR trata de «lavar su imagen» lo que deja «las demandas ante los tribunales» como la única opción para los afectados de recuperar su dinero.

Para el bufete Izquierdo y Asociados, inmerso en varias demandas contra el Santander tanto en vía penal como en civil, la decisión de la JUR es lógica porque «no iba a tirar piedras contra su propio tejado» y recuerda que, de alguna manera, el organismo europeo ha dado un empujón a las demandas de los particulares. «Ellos dicen que las cuentas estaban mal y los abogados del Santander están defendiendo que la situación del banco era solvente y las cuentas en la ampliación de capital de 2016 no estaban maquilladas», explica.

Una opinión más. Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas & Cusí, ha señalado en un comunicado que «lo que diga la JUR es poco relevante porque lo importante será lo que diga el TJUE».

Santander

Según este bufete, el verdadero responsable es el Santander, entidad que compró el banco. «Está cobrando sus hipotecas y ejecutando sus impagos. Aplicando el principio de sucesión de empresa es quién debe de responder a las legítimas demandas de los accionistas del Popular», señalan.  

Quién es el responsable de pagar las sentencias, la JUR o el Santander, es otro de los temas pendientes. El Santander cree que debe ser Europa y solo ha provisionado 872 millones de euros. En cambio, el informe de Deloitte conocido este lunes lo cifra en casi 2.000 millones en el mejor escenario posible y en 3.500 millones en el peor.