Acuamed pagará 3 millones por sobrecostes a constructoras que pactaron 1,2 con el ex director general

Acuamed tendrá que pagar definitivamente 2,9 millones de euros a las constructoras Torrescámara y Sogeosa por sobrecostes en la obra de la presa de Rambla Gallinera, una de las que está siendo investigada en el caso Acuamed en la Audiencia Nacional. La cifra es superior a los 1,2 millones que aceptaron recibir las constructoras por los sobrecostes de la obra tras una negociación con los ex dirigentes de la compañía pública investigados en el proceso por supuestamente inflar el coste de las obras y beneficiar a estas constructoras a cambio de regalos. Traducción: la ex cúpula de la firma habría ahorrado dos millones de euros a las arcas públicas, como ratifica ahora la justicia y defienden los acusados.

Esta es la consecuencia definitiva de la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha desestimado un recurso de Acuamed -empresa pública gestora de las desaladoras dependiente del Ministerio de Teresa Ribera- que pedía que se ratificara la nulidad de una sentencia anterior de este mismo organismo sobre un arbitraje que condenaba a la compañía a pagar 2,9 millones a Torrescámara y Sogeosa por sobrecostes en la obra. El TSJM, a instancias de Acuamed, dictaminó en un primer momento que el arbitraje dictado por el CIMA en 2018 era nulo al estar abierto un proceso judicial en la Audiencia Nacional, maniobra que tumbó el Tribunal Constitucional.

Obligado por el TC, el Tribunal de Madrid ha vuelto a analizar el recurso de Acuamed y ha decidido desestimarlo, por lo que el laudo del tribunal de arbitraje ya es definitivo: la empresa pública va a tener que pagar por sobrecostes en esta obra casi dos millones más de lo que pactó la ex cúpula, a la que se ha procesado y metido en la cárcel por inflar el precio de las obras y causar un agujero en las arcas públicas. Ese pacto quedó en papel mojado por la intervención de la Guardia Civil y las detenciones realizadas en 2016. Las constructoras decidieron entonces dar por roto el acuerdo -la cúpula de Acuamed cambió- y acudir a un arbitraje, donde han conseguido una mayor indemnización.

Además, Acuamed ha perdido numerosos arbitrajes con constructoras -por valor de más de 40 millones de euros- que ha conseguido paralizar en algún caso temporalmente con el argumento de que la Audiencia Nacional lo estaba investigando. Esa estrategia ya se viene abajo.

La sentencia del TSJM -a la que ha tenido acceso este diario- supone un espaldarazo para los procesados, que llevan siendo investigados desde 2015 y, en algún caso, fueron detenidos y llevados a la cárcel en 2016 por el juez Eloy Velasco -inició el caso pero ya está apartado-. Han defendido su inocencia con el argumento de que no causaron ningún daño a las arcas públicas, como ahora demuestran los arbitrajes y las sentencias de los tribunales.

De momento, el caso sigue su curso en la Audiencia Nacional en fase de instrucción, después de ocho años y de que los peritos judiciales no hayan aclarado si las obras se inflaron o no.

Otro arbitraje: Campo de Dalías

El arbitraje de Rambla Gallinera -acondicionamiento y construcción de una presa en Oliva, Valencia- no es el único. El CIMA ha dictaminado también que Acuamed pague más de 750.000 euros a la UTE formada por Sando, Veolia e Inypsa por sobrecostes en la construcción de la desaladora de Campo de Dalías, otra de las investigadas por supuesta corrupción en la Audiencia Nacional.

Se trata de la enésima derrota de Acuamed, que en un informe interno de sus servicios jurídicos, al que ha tenido acceso este diario, recomienda acudir a la vía judicial en lugar de a los arbitrajes para tener más opciones de ganar las reclamaciones.