Golpe al caso: Acuamed pierde otro arbitraje de una obra investigada en la Audiencia Nacional

Mientras el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha emitido este martes un auto en el que procesa a 42 personas en el llamado caso Acuamed -sin cuantificar a cuánto asciende el supuesto fraude a las arcas públicas después de ocho años de investigación-, la empresa pública dependiente del ministerio de Teresa Ribera ha perdido otro arbitraje con el adjudicatario de una obra incluida entre las que están bajo sospecha de corrupción.

Se trata de la obra de una presa en el río Serpis -para evitar inundaciones en Gandía-, adjudicada a la UTE Río Serpis en 2009. La presa se terminó en 2013 pero Acuamed se negó a recibirla -evitando así que pasara a su propiedad y tuviera que afrontar los correspondientes gastos de mantenimiento- hasta un año después, en julio de 2014. Las constructoras presentaron una reclamación por 400.000 euros por los gastos ocasionados que Acuamed se negó a pagar. Ese es el origen del arbitraje ante el CIMA, que ahora ha dictado sentencia a favor de las constructoras y condena a Acuamed a pagar los 400.000 euros que le reclamaban las constructoras.

La cuestión no es baladí y tiene su importancia para el caso que se está juzgando en la Audiencia Nacional. Porque la responsable de que Acuamed se negara a recepcionar la presa del Serpis era la jefa de zona de la empresa pública, Gracia Ballesteros -y su ayudante, Alvar Alcaraz-. La presa sólo se recepcionó por parte de Acuamed después de que Ballesteros fuera cesada de ese cargo en la primavera de 2014. Según ha ratificado ahora el tribunal de arbitraje, Acuamed retrasó «injustificadamente» la recepción de la obra lo que le va a costar a las arcas públicas 400.000 euros. «El Tribunal concluye que desde septiembre de 2013 hasta julio de 2014, en que se produce la Recepción, habría un retraso injustificado y, en consecuencia, indemnizable», señala el laudo en la página 52.

Ballesteros es una de las denunciantes de la también conocida como operación Frontino, y la cúpula de la UTE Rio Serpis está procesada en la Audiencia Nacional. La reclamación de los 400.000 euros se presentó el 26 de octubre de 2014, y sólo unos días después Ballesteros se sumó a la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de sus compañeros Azahara Peralta y Francisco Valiente -este último también había sido cesado meses antes por el ex director general de la empresa, Arcadio Mateo- . Esa denuncia es el origen de este caso.

Arbitrajes

El de la presa del Río Serpis es otro arbitraje que pierde Acuamed -hay otra parte de la reclamación de la UTE que ha sido desestimada-. Según un informe interno de la asesoría jurídica de la empresa -al que ha tenido acceso este diario-, el coste para la empresa pública de los arbitrajes perdidos desde 2015 asciende a 55 millones de euros. Por eso, los abogados de la empresa pública recomiendan a la dirección de Acuamed acudir a los juzgados ordinarios para solucionar los conflictos con los adjudicatarios porque en los arbitrajes se suele perder y hay menos margen jurídico para defenderse.

Los arbitrajes son claves también en el caso porque es la única manera de medir si realmente los precios de las obras se inflaron. En ocho años de instrucción -que ahora se alarga otros dos años más al transformar el magistrado las diligencias previas en sumario ordinario- la fiscalía no ha acreditado el coste real de las obras. Los peritajes encargados a peritos judiciales están llenos de irregularidades, según han denunciando las constructoras, y no han sido capaces de cuantificar con números a cuanto ascendía el coste de las obras y a cuanto asciende el supuesto desfalco a las arcas públicas.