El Constitucional dinamita el ‘caso Acuamed’ y da un espaldarazo a la inocencia de los acusados

Una sentencia del 4 de abril del Tribunal Constitucional (TC) pone patas arriba el llamado caso Acuamed, que juzga en la Audiencia Nacional un supuesto trato de favor a ciertas constructoras por parte de la ex cúpula de la empresa pública a cambio de regalos como entradas de fútbol. El TC ha dictaminado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha extralimitado en sus funciones y no puede dejar sin efecto temporalmente  un arbitraje de una obra por el hecho de que esté siendo investigada en esta supuesta trama.

La sentencia obliga por tanto a la empresa pública de obras hidráulicas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, a cumplir con el arbitraje sin esperar a que acabe la instrucción del caso y el juicio -si no se archiva-. Acuamed tendrá que pagar 2,9 millones de euros más intereses a Torrescamara y Sogeosa, constructoras que ganaron el arbitraje a la compañía pública en 2018 por la obra de la Rambla Gallinera -acondicionamiento y construcción de una presa en Oliva, Valencia-. La ejecución de este laudo -y de otros que ha perdido Acuamed- se paralizó porque la empresa pública lo pidió argumentando que era una de las obras bajo sospecha de corrupción, a lo que accedió el TSJM.

Conclusión: el arbitraje es válido, los jueces no pueden parar la ejecución de un arbitraje, y Acuamed tendrá que pagar más dinero del que supuestamente malversaron los acusados en esta causa, la ex cúpula de la firma. Sí, han leído bien: tendrá que pagar más dinero del que había acordado pagar la ex cúpula de Acuamed a Torrescamara por los sobrecostes en esta obra y por los que llevan seis años siendo investigados y han pasado meses en la cárcel.

Arcadio Mateo, ex director general de Acuamed, accedió a pagar a Torrescamara 1,2 millones de euros por sobrecostes, a lo que las constructoras dieron su visto bueno y se cerró el conflicto. La constructora no planteaba ningún arbitraje.

Sin embargo, llegaron las detenciones públicas con cámaras de televisión en enero de 2016 y el inicio de la Operación Frontino por el juez Eloy Velasco, hoy ya fuera del caso. La fiscal, Inmaculada Violán, que en seis años de instrucción no ha conseguido determinar cuánto costaban realmente las obras y cuánto dinero malversaron los acusados, consideró que se habían pagado fondos de más a la constructora.

La respuesta de la constructora, que también fue acusada por la fiscal de participar en el supuesto entramado, fue iniciar un arbitraje que en 2018 determinó que no sólo los 1,2 millones de euros estaban bien pagados, sino que Acuamed tenía que pagar 2,9 millones adicionales por sobrecostes.  Sorprendentemente, el caso Acuamed -que utilizó Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición para atacar a Mariano Rajoy a cuenta de la corrupción- ha servido para que las arcas públicas tengan que pagar más dinero a las constructoras por sobrecostes que antes del caso Acuamed. En la misma situación que el de Rambla Gallinera está el arbitraje del embalse de Flix, que afecta a FCC.

Seis años de instrucción

Mientras Acuamed se prepara para abonar a las constructoras por esta obra más dinero del que pactó la anterior cúpula acusada de malversar fondos públicos, la instrucción del caso continúa en la Audiencia Nacional sin que todavía la fiscal haya probado que se pagó de más a las constructoras. La inspección de las obras bajo sospecha que debería determinar el precio exacto -para poder acusar a alguien de que se inflaron los precios hay que conocer el coste real- va con retraso y las que ya se han terminado no han podido determinar el precio.

Mientras, de los tres directivos de la segunda línea de gestión que denunciaron a sus jefes y dieron el pistoletazo de salida a este caso, dos están siendo investigados por hacer supuestamente lo mismo que denunciaron: manipular concursos y favorecer a la constructora Contratas Vilor. Se trata de Azahara Peralta y Gracia Ballesteros, que además ha sido recientemente señalada por supuestamente manipular los peritajes de las obras, prueba clave del caso.