Acordó que FCC abonara el 60% y Acuamed, el otro 40%

Ribera paga 13,5 millones por una desaladora que la ex cúpula acusada en Acuamed pactó por la mitad

Teresa Ribera desaladora acuamed
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.
Carlos Ribagorda

Nueva derivada rocambolesca en el llamado caso Acuamed, en el que la Audiencia Nacional está investigando desde hace seis años a la ex cúpula de esta empresa pública por supuestamente inflar el precio de las obras a cambio de regalos como entradas de fútbol. Acuamed acaba de adjudicar a Sacyr por 13,5 millones de euros la reparación y puesta en marcha de la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), un proyecto que la ex cúpula de la firma investigada en la Audiencia Nacional acordó con FCC -constructora inicial de la desaladora- abonar entre las dos partes: el 60% lo pagaría FCC, y el 40%, Acuamed.

Este acuerdo -unas inundaciones dejaron la desaladora construida por FCC inservible- no llegó finalmente a concretarse en dinero porque en enero de 2016 saltó la Operación Frontino y el juez Eloy Velasco -ya apartado del caso- decidió detener y meter en la cárcel al ex director de Acuamed, Arcadio Mateo, y a varios constructores supuestamente favorecidos por él. Ahora, con el contrato adjudicado a Sacyr -que se ha impuesto por la mínima a Acciona- se ponen cifras a ese acuerdo: FCC pagaría 8,1 millones y Acuamed, 5,4 millones.

Paradójicamente, a la ex cúpula de la firma que está siendo investigada ahora por el juez Manuel García Castellón se le metió en la cárcel y se le congelaron todas las cuentas acusados de causar un daño al erario público por inflar los precios de algunas obras -incluida ésta de Bajo Almanzora- a cambio de entradas de fútbol y tratamientos de cabello. Ahora, destacan, se demuestra que con el pacto con FCC se ahorraba dinero al contribuyente porque Acuamed pagará ahora 13,5 millones por reparar y poner en marcha una desaladora por la que la ex cúpula había pactado pagar 5,4 millones.

La fiscal del caso, Inmaculada Violán, acusa a la ex cúpula de la firma de que este acuerdo con FCC incluía que Acuamed le pagaría ese dinero del que se hacía cargo la constructora para reparar la desaladora en otra obra, el embalse de Flix, algo que en los seis años de investigación que lleva el caso no se ha conseguido probar.

Esto que ha sucedido ahora con la desaladora de Bajo Almanzora es una repetición de lo que ocurrió con la descontaminación del embalse de Flix: Acuamed pagó 50 millones de euros a Tragsa para finalizar la descontaminación del pantano pero el resultado posterior de la propia Tragsa fue que el pantano sí había sido descontaminado ya por el adjudicatario, FCC. Flix es otra de las obras que están siendo investigadas en la Audiencia Nacional.

Fondos europeos

Y no sólo eso. Porque por la decisión del juez Velasco de iniciar este proceso -que sirvió a Pedro Sánchez, entonces en la oposición, para castigar a Mariano Rajoy a cuenta de la corrupción- provocó que la Unión Europea retirara fondos europeos a Acuamed.

En definitiva, el goteo de sucesos que están desinflando las acusaciones contra la ex cúpula de la firma y directivos de algunas constructoras del país es constante. Han salido arbitrajes que han demostrado que los sobre precios pactados entre empresa y constructora eran menores a lo que realmente tenía que haber sido. Y, además, dos de los tres denunciantes del caso -directivos de Acuamed- ahora están siendo investigados ellos por hacer supuestamente lo mismo de lo que acusaron en 2015 a sus jefes.

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