La actual cúpula de Acuamed pagó a Tragsa 50 millones por descontaminar un pantano que ya estaba limpio

El ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, ha presentado un escrito al juez en el que denuncia el despilfarro que ha supuesto el pago por parte de la actual cúpula de la empresa pública de más de 50 millones de euros a Tragsa para descontaminar el pantano de Flix -Tarragona- pese a que ya estaba limpio. Así lo demuestra, según el escrito enviado por Mateo al juez instructor del caso, Manuel García Castellón, el informe del resultado de la descontaminación llevado a cabo por Tragsa e incorporado también a la causa.

Según el informe de Tragsa, la empresa pública habría sacado sólo un tercio de los materiales contaminantes que quedaban en el pantano de Flix: 7.232 kilogramos de los 26.384 kilogramos que todavía estaban depositados en el fondo de Flix, según un informe del Ciemat de febrero de 2016. Esto pone de manifiesto el despilfarro de dinero público, según denuncia Mateo al juez.

Los hechos se remontan a 2015. En octubre, FCC, la empresa adjudicataria por el ex director general de Acuamed para descontaminar el pantano de Flix, dio por terminado el trabajo con la retirada de 610.822 kilogramos de material contaminante. El contrato fue adjudicado en 2008 a FCC por 133,7 millones de euros más IVA. Por tanto, 133,7 millones de dinero público (más IVA) para retirar 610.822 kilogramos de material contaminante.

Finalizado el proyecto, FCC y Acuamed se enzarzaron en la tradicional negociación por los sobrecostes, común a todos los contratos de obra pública, sin que se llegara a pagar nada a FCC por parte de Acuamed. Entre medias, saltó la Operación Frontino, el llamado ‘caso Acuamed’, por el que se acusó a Mateo de inflar el precio de las obras a cambio de regalos de las constructoras.

El caso de Flix fue una de esas obras bajo sospecha. Y el gasto de la descontaminación se convirtió en un arma arrojadiza contra la ex cúpula de la firma: Mateo fue acusado de aprobar un pago a FCC pese a que el pantano no había sido descontaminado de forma completa. Mucho dinero para no acabar el trabajo, en resumen. Un informe del Ciemat de febrero de 2016 señalaba que quedaban en el fondo del pantano 33.100 kilogramos de material contaminante.

Nuevo contrato, directamente a Tragsa  

Esta alarma social llevó al nuevo presidente de Acuamed, Francisco Baratech, a contratar directamente a Tragsa para sacar del pantano el material contaminante que quedaba según los informes del Ciemat. Baratech, ex director general de Tragsa, le pagó a su antigua empresa 44,6 millones de euros más IVA para completar la descontaminación del pantano.

Mientras Tragsa ha estado realizando los trabajos de descontaminación completa del pantano, algo que ha negado una y otra vez FCC al considerar que ya estaba completo el trabajo, en enero de 2019 un árbitro dictaminó que, efectivamente, FCC tenía razón y los trabajos de descontaminación estaban completos. FCC «cumplió con sus obligaciones contractuales de dragado y descontaminación del lecho del embalse, de acuerdo con las instrucciones decretadas por la Dirección de Obra» de Acuamed, decía el laudo arbitral.

Por lo tanto, en enero de 2019, un árbitro ya señaló que el pantano estaba descontaminado, lo que implica que el contrato posterior a Tragsa por más de 50 millones no era necesario.

Pero a finales del año pasado, Tragsa envió al juzgado el resultado de sus trabajos de descontaminación. Según ese informe, Tragsa ha sacado del fondo del pantano 7.232 kilos de material contaminante, un 30% de lo que quedaba según el Ciemat. En resumen: Tragsa, 44,6 millones más IVA para 7.232 kilogramos; FCC, 133 millones mas IVA para 610.822 kilogramos.

Tragsa ha sacado del fondo del pantano 7.232 kilos de material contaminante, un 30% de lo que quedaba según el Ciemat. En resumen: Tragsa, 44,6 millones más IVA para 7.232 kilogramos; FCC, 133 millones mas IVA para 610.822 kilogramos

El ex director general de Acuamed, que se defiende de las acusaciones de pactar sobre precios en la obra pese a que encima no estaba terminada, señala en el escrito enviado al juez que «si la cifra de contaminantes realmente depositados era básicamente correcta, el resultado de los tres años de trabajos de descontaminación por Tragsa no está justificado al ser muy alta todavía la cantidad remanente (manteniéndose por tanto a fecha actual el riesgo ambiental asociado a por ejemplo los 866 kg de Mercurio todavía existentes en el embalse)».

En su opinión, «la situación expuesta debe necesariamente ser aclarada» porque «defendemos que los informes existentes en 2015 justificaban la decisión de dar por terminada la descontaminación». Mateo pide al juez que no se levanten las tablestacas -material utilizado para acordonar la zona de descontaminación- hasta que se aclare esta situación. El magistrado García Castellón ha dado traslado a la fiscal del caso, Inmaculada Violán, para que se pronuncie.