COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

PP y Vox reclaman convenios y contratos de 27 entidades públicas bajo el Gobierno de Ximo Puig

Además, se solicitarán las actas de los consejos y órganos de dirección a otras dos entidades, hasta totalizar 29

comisión de investigación Cortes Valencianas
Teresa Ramírez (Vox) y Fernando Pastor (PP) registran el plan de trabajo para la comisión de investigación.
Ignacio Martínez

Partido Popular y Vox reclamarán convenios y contratos de un total de 27 entidades públicas valencianas entre los años 2016 y 2023, bajo el Gobierno del socialista Ximo Puig. Esta petición de documentación se enmarca en el plan de trabajo que ambas formaciones han establecido para la comisión de las Cortes Valencianas que investigará las supuestas irregularidades en las empresas del sector público instrumental en las dos legislaturas precedentes. De facto, ahora mismo, toda la gestión de los Gobiernos de Ximo Puig está bajo la lupa de esa comisión.

Los dos partidos del Gobierno valenciano han puesto en marcha la comisión de investigación más importante en la historia de la Cámara autonómica. Afecta a 29 empresas y entidades. Y, además, serán llamadas a comparecer, como ha adelantado OKDIARIO, 40 personas que desempeñaron cargos públicos durante los gobiernos de Ximo Puig. Algunos, como Gabriela Bravo o Vicent Marzà, fueron responsables de Consejerías. Otros, directores generales o secretarios autonómicos.

Esa comisión de investigación se ha puesto en marcha después de que el 16 de enero de este 2024, el actual presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón denunciase que el Ejecutivo de su antecesor, el socialista Ximo Puig, había adjudicado de manera directa un total de 253.122 contratos por una cuantía de 713 millones de euros sólo durante sus últimos cuatro años de mandato: los que van de 2019 a 2023.

A aquellas revelaciones se sumaron otros datos procedentes de los informes de Intervención de la Generalitat Valenciana, como que sólo cuatro de las 54 entidades que conforman el sector público instrumental de la Generalitat Valenciana habían recibido una valoración positiva por parte de la propia Intervención.

Con esos datos y algunos más, no menos escandalosos, como que sólo en 2021 se produjeron más de 4.000 contrataciones que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos según reveló también Mazón, el presidente de la Generalitat adelantó una batería de iniciativas. Una de ellas, la de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas.

Documentos que investigará la comisión

La comisión de investigación de las presuntas irregularidades en las empresas del sector público instrumental de la Comunidad Valenciana entre 2016 y 2023 solicitará a 29 entidades las actas de las reuniones de los consejos de administración y de los órganos de dirección entre los años 2016 a 2023.

Con la particularidad de que en este apartado se han añadido dos entidades más. De ahí, que en este apartado totalicen 29. Esas dos entidades adicionales a las que se solicitará las actas de los consejos de administración y órganos directivos son la Comisión Ejecutiva de Fininval y la Comisión Gestora del Fondo Valenciano de Resiliencia (IVF).

PP y Vox han acordado también pedir los informes de evolución de plantilla del personal laboral temporal y del personal funcionario de seis de las entidades a las que se requiere tanto los convenios y contratos como las actas de reuniones de los consejos de administraciones y órganos directivos.

Finalmente, PP y Vox han incluido en su plan de trabajo para esta comisión de investigación la petición de los expedientes de enriquecimiento injusto, desglosados por años, especificando cuantías, nombre del beneficiario, entidad obligada y concepto del servicio de todas y cada una de las sociedades y empresas que forman parte del sector público instrumental de la Comunidad Valenciana.

 

 

Lo último en España

Últimas noticias