PP y Vox llaman a 40 cargos de Ximo Puig a la comisión de investigación del Sector Publico Instrumental

Un total de 40 cargos de los gobiernos del ex presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig serán llamados a comparecer a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas impulsada por PP y Vox sobre las supuestas irregularidades cometidas en el Sector Público Instrumental de la Generalitat Valenciana entre los años 2016 y 2023. Es decir, bajo los gobiernos, precisamente, de Ximo Puig. Así, lo establece el Plan de Trabajo elaborado por ambas formaciones.

Entre esos futuros comparecientes se encuentran la ex consejera de Justicia Gabriela Bravo, el ex consejero de Educación y actual eurodiputado electo  Vicent Marzà y el ex responsable del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Manuel Illueca, hoy responsable de riesgos y control financiero del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Los primeros comparecientes serán el miembro de la Intervención General de la Generalitat Valenciana y el de la Sindicatura de Cuentas.

Esta comisión de investigación tiene por objetivo desentrañar las supuestas irregularidades cometidas en las empresas instrumentales de la Generalitat entre los años 2016 y 2023. O, lo que es lo mismo, durante los gobiernos de Ximo Puig.

Responde, además, al monumental escándalo generado en la Comunidad Valenciana después de que el nuevo presidente de la Generalitat el popular Carlos Mazón revelase que el Gobierno de Ximo Puig adjudicó de manera directa, y por tanto «a dedo», la friolera de 253.122 contratos por un montante total de 713 millones de euros en los últimos cuatro años: los que van de 2019 a 2023.

Además, PP y Vox solicitarán las actas de reuniones de consejos de administración y órganos de dirección de 29 entidades, la relación de contratos y convenios suscritos por otras 28 y los informes de evolución de plantilla de seis entidades, entre otra documentación. Y, también, el plan anual de auditorías del sector público de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, referido, en cada caso, al ejercicio anterior.

El portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas Miguel Barrachina ha explicado que el objetivo de la comisión de investigación es «evitar el derroche» que ha sufrido el sector público instrumental valenciano durante los Gobiernos de Ximo Puig.

Miguel Barrachina ha desvelado que en un solo año «hubo 5.046 contratos de trabajo sin autorización de la dirección general de Presupuestos y 247.000 contratos a dedo».

Y ha anticipado que la comisión de investigación será «viva»: «No llamaremos a comparecientes por aluvión, como si que se ha hecho en la anterior legislatura». Y que, al contrario que entonces, «vamos a hacerlo desde el rigor y la seriedad», porque lo que persiguen PP y Vox es «saber toda la verdad. No hay oportunismo político».