Ni Ribera ni caudales: Sánchez anunció en 2018 que su plan «con el Levante» eran las desaladoras

La decisión del Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez aprobar el Plan del Tajo que incluye un incremento de los caudales ecológicos en la cabecera con la consiguiente reducción del agua del trasvase de Tajo-Segura que ha desatado un nuevo capítulo de la guerra del agua en Alicante, Almería y Región de Murcia y que ha elevado exponencialmente el enfado de agricultores y regantes de estos territorios es en realidad la hoja de ruta de una decisión que los socialistas ya tenían clara hace nada menos que 5 años: su apuesta por las desaladoras frente a los trasvases. 

El punto de inflexión lo marcó el propio Pedro Sánchez en un acto en Albacete en abril de 2018, donde defendió que «se ponga fin a los trasvases y se apueste por las desaladoras en el Levante. Y esa es la propuesta del Partido Socialista», dijo entonces. Sánchez, que justificó su afirmación: «Nosotros queremos hacer política de agua, que cohesione este país», algo que visto hoy no ha sido así. Al contrario, ha desatado una nueva guerra del agua. 

Hasta el punto, de que la Diputación de Alicante que preside Carlos Mazón ya ha anunciado, tal como ha publicado OKDIARIO, que llevará el nuevo recorte del Tajo-Segura ante Tribunal Supremo y que lo hará además rápidamente. También, Vox Comunidad Valenciana ha decidido acudir al Supremo por esta misma cuestión, sumándose a la iniciativa de su candidato en la Región de Murcia  José María Antelo.

Ximo Puig y la desalación

Por lo que hace referencia al posicionamiento del Gobierno valenciano, que preside el también socialista Ximo Puig, el PP sostiene que el silencio que mantuvo en el Consejo Nacional del Agua resultó clave a la hora de que el Gobierno de Sánchez decidiera ejecutar el recorte.

Ximo Puig y su gobierno lo niegan con el argumento de que ellos han ido varias veces a los tribunales por el trasvase, pero lo cierto es que ayer mismo el propio Puig anunció en sede parlamentaria que subvencionará en 10 céntimos por metro cúbico el agua procedente de la desalación, lo que de facto supone una aceptación del nuevo escenario propuesto por Sánchez: más desalación y mucha menos transferencia entre cuencas.

Pero esa medida es insuficiente para solucionar el problema por dos cuestiones. Agricultores y regantes sostienen que el agua desalada es de menos calidad que la del trasvase. Y, además, es y será más cara porque ni con las subvenciones del Gobierno y la Generalitat alcanza el precio del agua trasvasada. Y el campo de Alicante, Almería y Región de Murcia ya va demasiado justo de dinero como para afrontar más gastos.

La desalacion es inaceptable para ellos y cada paso que dan los socialistas para ejecutar aquella propuesta de Sánchez en 2018 «que se apueste por las desaladoras en el Levante» no hace más que agravar el problema.