La juez de la DANA expulsa ¡a una víctima! del procedimiento por criticar su instrucción en internet

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que dirige el caso de la DANA, ha decidido expulsar del procedimiento a una de las víctimas personadas en el mismo. Se trata de una mujer, que se había mostrado crítica con la instrucción que estaba llevando a cabo la magistrada y había efectuado también sus críticas en un vídeo que circula por las redes sociales. Y, por tanto, por internet. La expulsión de la mencionada víctima de la riada se ha conocido a través de un auto dictado por Ruiz Tobarra. La magistrada justifica su decisión por «la total coincidencia con la postura del investigado», en referencia al ex secretario autonómico, Emilio Argüeso. La mujer se había sumado a la petición del letrado José María Bueno, para que se investigara si el marido de la juez, el magistrado Jorge Martínez Ribera, había intervenido en el procedimiento.

Según la juez hace constar en el auto en que certifica la expulsión de la víctima citada del procedimiento, la mujer pretendía también personarse en la pieza separada en la que «se determinará en su caso la sanción» al abogado Bueno. La magistrada entiende que en el caso de la víctima existe un abuso de derecho y fraude procesal. Es decir, que ejerce como otra defensa del investigado antes mencionado y no como una acusación.

La expulsión del procedimiento de esta víctima se produce en un momento especialmente delicado por cuanto la juez que instruye la causa está a la espera de las decisiones que tomen respecto a ella tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En el caso del CGPJ, éste abrió hace semanas una investigación a Nuria Ruiz Tobarra por su sesgo y por la intromisión de su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, por su asistencia en el caso. Además, el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad, decidió en el mes de julio ampliar la querella interpuesta contra la magistrada y contra su marido, por los presuntos delitos de «prevaricación judicial y usurpación de atribuciones». El sindicato entendió para ampliar la querella que los hechos son de tal magnitud que el procedimiento está «contaminado» y debe ser objeto de nulidad.