El Consell denuncia al fiscal a un funcionario por colar a su mujer en las VPP bajo sospecha de Alicante

La Generalitat Valenciana creará una comisión de revisión y evaluación de los visados que demuestre que los solicitantes de viviendas de protección pública reúnen realmente las condiciones para aspirar a ellas y evitar escándalos como el que ha estallado en el Ayuntamiento de Alicante. Así, o ha revelado este martes la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Vivienda, Susana Camarero. Además, Camarero ha relatado que la Generalitat contempla efectuar un registro de adjudicatarios por cada una de las promociones del denominado Plan Vive, al que no pertenece la promoción de Alicante bajo sospecha, «para que sea absolutamente transparente qué personas se apuntan, qué personas quieren formar parte de esas promociones y cómo se adjudican por parte del promotor». 

El caso del Ayuntamiento de Alicante es el que se ha saldado con un funcionario de la propia Generalitat Valenciana denunciado ante Fiscalía y suspendido de empleo y sueldo. Según ha podido saber OKDIARIO,  por supuestamente falsear los datos para que su propia mujer, una arquitecta municipal, también de Alicante, pudiera optar y lograr una de esas VPP.

El funcionario, con 26 años de antigüedad y jefe de sección, según ha podido saber OKDIARIO, se encargaba exclusivamente de chequear que los solicitantes de las viviendas cumpliesen las condiciones para estar en la lista. Por tanto, no tenía que firmar, sino que comprobar.

Además, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez y una alto cargo del mismo consistorio, María Pérez-Hickman, han dimitido tras conocerse que no sólo han adquirido, sino que además tienen escrituradas, un total de tres viviendas de promoción pública: «No podemos tolerar que estemos en manos de un funcionario que haga trampas en un momento determinado», ha explicado a este respecto la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero.

Según ha verbalizado la vicepresidenta, el Ejecutivo valenciano solicitó el pasado viernes al servicio territorial de Alicante que confirmase que todas las personas que habían comprado un piso de esa promoción tuviesen el visado que demuestra que reunían las condiciones para ser propietarios de una VPP. «Nos confirmaron que así era. No quedamos satisfechos. Pedimos una investigación de cada expediente. Y, por tanto, de cada comprador». Es decir, lo que se conoce como un doble chek.

En ese doble check, se pedía la identificación de las personas intervinientes en el expediente de referencia. Y ha sido esto último, lo que ha terminado por señalar al técnico antes citado.