CORTES VALENCIANAS

El caso del hermano de Puig llega a las Cortes: el PP exigirá en Pleno que devuelva las subvenciones

Irene Montero
Elena Bastidas y Miguel Barrachina, hoy, en las Cortes Valencianas.
Ignacio Martínez

El caso de las subvenciones cobradas de modo presuntamente irregular por empresas vinculadas a Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig, llegará la próxima semana al Pleno de las Cortes Valencianas. Lo hará en formato de moción subsiguiente a la interpelación efectuada el pasado 26 de mayo al Gobierno valenciano realizada por el Partido Popular y tiene 2 objetivos: debatir la devolución de esas ayudas cobradas irregularmente y lograr que la Abogacía de Generalitat, que de momento se mantiene ajena al caso, se persone como acusación en el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, que es el que se encarga de la investigación.

El caso en cuestión tiene su origen en que, supuestamente, empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig y sus socios presentaron y cobraron facturas presuntamente duplicadas de la Generalitat Valenciana y la de Cataluña. Motivo por el que desde Instrucción 4 de Valencia se han solicitado informes las Intervenciones de una y otra Administración. En el caso de la valenciana, ya ha respondido con un calendario que sitúa en los meses de enero o febrero de 2023 el momento en que puede estar lista esa documentación. Por tanto, en la antesala de las elecciones.

Pero las Cortes llevan otro ritmo y otros tiempos. La interpelación que precedió a esta moción se produjo el pasado 26 de mayo, hace 5 meses, y dio pie a un enorme revuelo. E, incluso, a una acción judicial del PP, que es acusación en el caso que afecta al hermano del presidente de la Generalitat. Entonces, la presidenta del Grupo Popular en la Cámara Eva Ortiz preguntó cuándo tenía previsto presentarse la Generalitat Valenciana como acusación en el caso en que está imputado el hermano de Ximo Puig.

La respuesta correspondió a la consejera de Justicia, la socialista Gabriela Bravo, que dijo: «La Administración no se puede personar porque, a pesar de los 388 folios del informe de la Guardia Civil, no hay ni un solo párrafo que concluya que la cantidad obtenida de forma irregular supere los 120.000 euros. No lo sabe. No lo dice el informe».

Fue esta mención directa a ese informe de la Guardia Civil la que indujo al PP a pensar que Bravo había tenido presuntamente acceso a ese informe incluido en unas diligencias que se encontraban bajo secreto de un sumario que pertenecía a una causa en que la Generalitat no estaba personada. El PP elevó escrito al Juzgado para poner en su conocimiento estos hechos.

Ahora, los populares vuelven a la carga. E insisten en 2 cuestiones que han reiterado desde el inicio del caso. Una, la personación de la Generalitat Valenciana en el caso. Y, otra, que el hermano de Ximo Puig retorne a la citada Generalitat el dinero supuestamente cobrado por empresas vinculadas a él de modo presuntamente irregular.

El PP considera «sangrante» que el socio del hermano de Ximo Puig haya recibido hasta 7 requerimientos para devolver el dinero supuestamente cobrado por sus empresas de modo irregular a la Generalitat y que Francis Puig «nada de nada», según ha explicado hoy el diputado del PP y portavoz adjunto de esa formación Miguel Barrachina.

Además, Barrachina ha sostenido que la Fiscalía apunta «falsedad en documento mercantil. Antifraude dice que puede ascender hasta medio millón de euros lo cobrado irregularmente y el Tribunal de la Competencia también le ha sancionado. Y mientras todo esto ocurría, Puig concedía subvenciones a su hermano».

El diputado popular ha dicho, además: «Esta empresa percibió subvenciones de numerosas entidades gobernadas por el PSOE hasta superar los 2 millones de euros». Por ello, el PP entiende que «no es posible que no sean recuperados por ser el hermano de Ximo Puig» y que a su socio se le hayan reclamado hasta en 7 ocasiones «por duplicar y cuadruplicar facturas».

 

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