Así descubrieron vecinos de una finca de Gandía que tenían 30 ‘ilegales’ empadronados en sus viviendas

La desarticulación en Gandía de una organización criminal que empadronó fraudulentamente a 127 inmigrantes ilegales en Gandía (Valencia) es, en apariencia, «sólo la punta del iceberg» del gravísimo problema que vive el municipio, como advirtieron casi a renglón seguido fuentes del Grupo Popular en el Ayuntamiento. Según ha podido saber OKDIARIO, ese tipo de empadronamientos tiene atemorizados a varios vecinos. Personas mayores que viven solas. En concreto, en una finca ubicada en una céntrica calle del municipio. Allí, Pilar, una mujer octogenaria, descubrió, por casualidad, hace unos meses que tenía a 10 ilegales empadronados en su vivienda sin su conocimiento. Y que había más viviendas afectadas hasta sumar cerca de 30 supuesto inquilinos empadronados sin el conocimiento de los propietarios de esas casas. Los supuestos inquilinos contaban con un «contrato falso», según consta en la denuncia, que les abría las puertas al empadronamiento, primero, y otra serie de derechos después. Pero, sobre todo, a habitar la vivienda que supuestamente habían alquilado. De hecho, eso intentaban dos de ellos cuando por casualidad se destapó el escándalo.

El 20 de mayo de este 2025, un día antes de la fecha que consta en la denuncia presentada ante la Policía Nacional y a la que ha tenido acceso OKDIARIO, una de las hijas de Pilar acudió a visitar a su madre a la vivienda de la que es propietaria. También, lo hizo la hija de esta última. Nieta, a su vez, de la propietaria de vivienda.

En la puerta exterior del edificio, la joven encontró a dos varones de origen magrebí. Le preguntaron por una persona de la que los extraños decían que era propietario. La chica informó a su madre. Y la mujer fue quien al bajar, extrañada de la presencia de desconocidos que pulsaban los timbres de las viviendas, les preguntó qué hacían allí.

Según consta en la denuncia, Le respondieron que estaban alquilados en una vivienda de una de las plantas y le mostraron «una especie de contrato de alquiler». La mujer manifestó a los extraños que eso que le transmitían no era cierto. Por la sencilla razón de que en la citada finca son todos propietarios y se conocen «de toda la vida».

La mujer esperó a que los extraños se marcharan sin tocar timbre alguno ni intentar abrir la puerta de acceso al edificio. Temía que al hacerlo los dos extranjeros desconocidos que preguntaban por una tercera persona, desconocida para ella, se introdujeran en el interior del zaguán. Pensaba que si eso sucedía, la situación ya no tendría vuelta atrás.

Una vez se fueron, la mujer se puso en contacto con su madre y con la vecina cuyo timbre del telefonillo habían pulsado varias veces los extraños. A consecuencia de aquello, tanto la vecina como la madre de la mujer que había descubierto a los supuestos intrusos, descubrieron a través del padrón que tenían a varios extranjeros empadronados en sus domicilios. Nada menos que 10 en el caso de Pilar, según consta también en la denuncia. Y otros tantos, su vecina. Alertaron a otros vecinos. La suma, entre todos, de los empadronados ilegalmente en el edificio, según las fuentes citadas, es próxima a los 30.

La madre y su otra hija se dirigieron al padrón. Y solicitaron los documentos con los que supuestamente se habían acreditado aquellos falsos inquilinos. Tras no pocas dificultades, se personaron en el Ayuntamiento. Y allí, pudieron averiguar el dato antes citado: sólo en su vivienda había empadronadas sin su consentimiento un total de 10 personas.

También lograron acceder a dos de los contratos falsos de otras tantas propietarias. En uno, se fija la cantidad de alquiler superior a los 550 euros euros al mes. En otro, el montante de alquiler mensual es de cerca de 500 euros, también. La mujer manifestó en la Policía, como consta en la denuncia, que «jamás» había alquilado su vivienda y que la firma no era la de ella. La mujer también expresó a la Policía, y así consta en la denuncia antes citada, que lo único que deseaba es que no hubiera nadie empadronado en su domicilio.

Los hechos han conducido a la familia y a los vecinos a extremar las precauciones. Pero el problema sigue ocupando buena parte de sus pensamientos. Ante la posibilidad, como ha puesto de manifiesto la desarticulación de la trama citada al inicio, de que haya más víctimas. Muchas, no quieren hablar.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Gandía, un municipio gobernado por el PSOE y del que fue alcaldesa la actual secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, ha presentado ante el Consistorio una petición para poner en marcha una comisión de investigación formada por todos los grupos políticos y técnicos del padrón. Quieren saber la profundidad del problema. Hasta dónde llega el iceberg antes citado.

OKDIARIO ya adelantó en junio de este mismo año, apenas un mes después de los hechos relatados y conocidos ahora, que la Policía Nacional había recibido denuncias presentadas por vecinos de la localidad, por empadronamientos irregulares en sus propias viviendas en Gandía. En algunos casos se habían detectado más de 15 empadronados en una sola vivienda, según revelaron entonces las fuentes consultadas.