Elecciones catalanas 2020

Los rebrotes en Cataluña dificultan el plan de Quim Torra de celebrar elecciones el 1-O

El equipo de Quim Torra prometió a los periodistas que, antes de marcharse de vacaciones, es decir esta semana, conocerían la fecha de convocatoria

Quim Torra
Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, cuando firmó el nombramiento de Mariàngela Villalonga como nueva consejera de Cultura.
Joan Guirado
  • Joan Guirado
  • Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.

Quim Torra quiere que las próximas elecciones autonómicas catalanas se celebren entre 1 y el 4 de octubre. Es una fecha con mucho simbolismo, ya que se cumplirán tres años del referéndum ilegal, y provocará que la campaña electoral empiece el mismo día que el Tribunal Supremo decide sobre su inhabilitación y sobre si deben revocar el tercer grado a los presos del golpe de Estado del 1-O y mandarlos de nuevo a la cárcel. Para que sean ese día, por tanto, Torra tiene que disolver el Parlament el 11 de agosto y, a día de hoy, los rebrotes ponen en duda su deseo.

Fue en enero, tras un pleno muy tenso en la Cámara catalana, cuando el presidente autonómico convocó a los medios de comunicación en la galería gótica del Palau de la Generalitat para anunciar que, una vez aprobados los Presupuestos que vieron luz verde en marzo, convocaría a los catalanes a las urnas. Pero para hacerlo debe firmar el decreto antes de ser inhabilitado, previsiblemente a finales de septiembre, ya que entonces será el Tribunal Supremo el que decidirá los tiempos para la celebración de unos comicios. Y eso es algo que, en el entorno de Junts per Catalunya, quieren evitar a toda costa.

Elecciones el 1-O

Tal como avanzó OKDIARIO hace unos días el plan de Quim Torra y su partido es que las elecciones se celebren o bien el jueves 1 de octubre, lo que implicaría volver a votar entre semana, o bien el domingo 4 de octubre. Ambas fechas se pusieron sobre la mesa en la recta final de la pandemia. Pero nadie contaba con que decenas de rebrotes azotarían de nuevo, con tanta fuerza, las principales ciudades catalanas. Aunque en el Palau de la Generalitat creen que en cuestión de semanas estos brotes activos ya serán historia, Torra no quiere caer en los mismos errores que el vasco Iñigo Urkullu y el gallego Alberto Núñez Feijóo, que tuvieron que denegar el derecho a voto a una parte de su ciudadanía.

Aunque la hoja de ruta, según varias fuentes consultadas por este medio, sigue siendo que la disolución de la Cámara catalana se produzca alrededor del 11 de agosto y las elecciones se celebren en octubre, en Cataluña todos tienen la mirada puesta en la situación sanitaria originada por los rebrotes de las últimas semanas. Si las autoridades sanitarias no logran frenar la pandemia los planes del presidente catalán podrían irse al traste y tensionar aún más la situación política en la comunidad, ya de por sí volcánica en los últimos años por el proceso separatista.

Y es que la relación entre los dos socios de Gobierno, que nunca ha sido fácil, se ha agrietado aún más con la gestión de la crisis. Quim Torra y JXCat siempre han sido más favorables a la adopción de medidas drásticas que restringieran la movilidad y los desplazamientos de las personas, así como de los establecimientos. ERC, que dirige las consejerías económicas del Ejecutivo, ha defendido en cambio medidas más laxas para no perjudicar al empresariado, pese al creciente número de contagios, sobre todo en lo relacionado con el ocio nocturno. Fuentes gubernamentales apuntan que «alargar mucho más la convivencia en estas condiciones puede ser letal».

Sea cual sea, el desenlace debería conocerse a lo largo de esta semana. El entorno de Quim Torra prometió a los periodistas que, antes de marcharse de vacaciones, conocerían la fecha en que se firmaría el decreto para disolver el Parlament. En principios, a finales de esta semana, la Generalitat debería mover ficha y empezar a clarificar un calendario del que depende también la gobernabilidad de España con la aprobación de los Presupuestos Generales del EStado.

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