La Audiencia reabre la causa contra Colau por subvencionar con 3,4 millones a asociaciones afines

La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la causa contra la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, por las ayudas de 3,4 millones de euros que su Consistorio concedió a tres asociaciones afines (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética e Ingenieros sin Fronteras). Según el tribunal, la alcaldesa podemita era «conocedora» de las subvenciones y no se puede «descartar su participación» en la concesión.

En el auto, los magistrados aceptan el recurso de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que impulsó la causa y pidió reabrirla cuando fue archivada. La plataforma considera que el juez instructor debía profundizar más en algunas partidas que ya se incluyeron en la querella presentada en su día. Y ahora la Audiencia de Barcelona les ha dado la razón.

La Audiencia de Barcelona recalca que «no se puede descartar» que Colau «haya podido participar en la comisión de infracciones penales». Tampoco se descarta la implicación de otros miembros del Consistorio: «Nos referimos únicamente a esa investigada y no en relación a otras personas, por cuanto en el momento en que se dictó el auto apelado no se había investigado a otras, aunque tampoco se puede descartar que hubieran podido participar en los hechos». Según la Audiencia, las subvenciones se concedieron «por el trámite excepcional de concesión directa, sin concurrencia competitiva».

La Audiencia de Barcelona afirma también que Ada Colau «debía ser conocedora» de que entidades afines a su partido como Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF) «seguirían solicitando subvenciones de forma recurrente y repetida -después de que ella se desvinculara de las dos primeras-, y que ello se produciría durante su mandato como Alcaldesa, y que se efectuaría mediante concesión directa, es decir sin concurrencia competitiva pública, lo que suponía orillar la materialización de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad igualdad y no discriminación que debe regir de forma ordinaria tales subvenciones».

El auto explica que «tal forma de otorgamiento se produjo de forma repetida contando con la aprobación de la Comisión de Gobierno» que Colau presidía, «en la que en lugar de abstenerse en la primera decisión de ese órgano de gobierno de dicha corporación local, o de informar a los miembros de dicha comisión de que, al menos en apariencia podía haber una colisión de intereses, lo que hubiera supuesto un examen más profundo de las circunstancias de las referidas concesiones por parte de los restantes miembros de dicha Comisión, teniendo en cuenta que por el volumen de decisiones que la misma debe adoptar, tales miembros difícilmente podían percatarse de la ilegalidad de las decisiones que adoptaban».

Por tanto, la Audiencia de Barcelona concluye que «existen suficientes elementos para no descartar» la participación de Ada Colau en unos hechos «que podrían ser constitutivos de delito, principalmente el de prevaricación, si se confirmara finalmente a lo largo de este procedimiento la comisión de infracciones penales».

Prevaricación

El juez instructor archivó la investigación el pasado mes de julio, conforme al criterio de la Fiscalía, al concluir que los hechos de la querella por presunta malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias que originó el caso no suponían ninguna infracción penal.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona ha resuelto que Ada Colau vuelva a ser investigada por si pudo cometer los delitos antes mencionados en la concesión de ayudas municipales a entidades supuestamente afines a la alcaldesa podemita como al Observatorio DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), o Ingenieros sin Fronteras (ESF).

La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática asegura que el Ayuntamiento de Barcelona cometió irregularidades en la concesión de 80 millones de euros entre 2019 y 2020, y que actuó de forma «arbitraria y discrecional, sin concurrencia pública».