El código ético de los Comunes obliga a Colau a dimitir tras ser imputada por malversación

Un juzgado de Barcelona ha citado a la alcaldesa Ada Colau el 4 de marzo, investigada por varios delitos de corrupción

Colau otorga cinco contratos por valor de 74.303 euros a una misma empresa en un mes

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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (Foto: Ayto.)
Joan Guirado

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está investigada por varios delitos como los de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos. Y por este último, el código ético del partido que lidera, Barcelona En Comú, estipula que debería dimitir de los cargos que ocupa o bien ser destituida de inmediato. Según el auto de admisión de la querella, la alcaldesa firmó de forma «arbitraria, discrecional y recurrente» subvenciones y financiaciones a entidades afines.

Colau, que tendrá que declarar el 4 de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona en calidad de investigada, fue denunciada por la  Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática por presuntamente haber cometido diversos delitos en la concesión de subvenciones y financiar a entidades próximas al grupo político de los Comunes entre los años 2015 y 2021.

Erigiéndose como adalides de la transparencia y la regeneración democrática, el Código Ético de Barcelona en Comú, recoge que toda persona que sea investigada por un juzgado debería renunciar a su cargo y dimitir de manera inmediata. Se especifica en el artículo 3.6 del reglamento interno de su formación. Y es que a Colau, el juzgado número 21 de la capital catalana, le investiga por un caso de presunta corrupción.

El reglamento interno de la organización apunta que cuando se produzca una «imputación judicial de delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos, ya sea en interés propio o para favorecer a terceras personas» la persona señalada deberá dejar sus cargos.

El juez que instruye la causa quiere saber si la máxima responsable del Consistorio barcelonés pudo conceder las subvenciones sin realizar los trámites correspondientes, como el preceptivo justificante de interés público, entre otros. De esta forma, las entidades debían recibir los fondos y destinarlos tanto a personal como incluso a equipamientos.

Las investigaciones apuntan a concesiones realizadas a entidades como Ingenieros Sin Fronteras, el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Alianza contra la Pobreza Energética entre otros. La PAH, por ejemplo, estuvo liderada por ella durante varios años. En el caso del Observatorio DESC, de él proceden la mayoría de altos cargos de su equipo de gobierno.

Desde la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática se detalla cómo presuntamente se llevaban a cabo las operaciones para la concesión de la financiación y que partía del propio equipo de gobierno municipal. Los contratos, la aprobación de convenios y también las subvenciones y sus redacciones serán estudiadas detalladamente por el juzgado.

Desde la oposición ya han pedido a Colau que renuncie al cargo de alcaldesa. La primera en hacerlo ha sido la de la líder de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, que ha reclamado la marcha de Colau en cumplimiento del «propio código ético» de Barcelona en Comú.

 

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