Castilla y León

Gallardo dimite como vicepresidente de Castilla y León: «No ha sido fácil»

Juan García-Gallardo ha dicho que es su deseo que los otros consejeros de Vox también dimitan

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Rodrigo Villar

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha renunciado a su cargo en la Junta de la comunidad autónoma tras la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox de romper todos los pactos de gobierno en aquellas regiones donde gobernaban con el Partido Popular. La decisión del órgano rector de la formación verde ha estado motivada por la intención del PP de acoger casi 400 menas llegados a las costas de canarias. «No ha sido fácil. Lo he hecho pensando en el interés general de España, el bien común y en los compromisos que tiene nuestro partido y el compromiso con nuestros electores», ha manifestado durante una rueda de prensa celebrada este viernes en la Junta regional.

García-Gallardo ha anunciado que a partir de ahora asumirá la portavocía del Grupo Parlamentario de Vox en el parlamento Castellanoleonés y se ha comprometido a actuar desde la oposición «con responsabilidad y con altura de miras». «Hasta ahora hemos tenido una generosidad y una lealtad infinitas con el Partido Popular aceptando algunas cuestiones que, de partida, no hubiéramos aceptado. A partir de ahora pues hay que negociar efectivamente individualmente cada una», ha dicho.

Sobre los otros tres consejeros de la formación conservadora que ocupan las carteras regionales de Industria, Comercio y Empleo, Cultura y Agricultura, García-Gallardo ha manifestado que es su deseo que estos cargos también dimitan. «Es una decisión personal, no está en mi mano que dimitan o no», ha señalado.

Cabe decir que la tensión entre Vox y el PP que ha lleva a la ruptura de los gobiernos regionales comenzó tras unas declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apoyando el reparto de los menas llegados a las costas canarias. Hasta el momento, y según ha sabido este medio, todo se encontraba en calma en la Junta después de que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asegurara este miércoles que la comunidad iba a acoger únicamente a 21 menas, tal y como se pactó hace dos años, y que el pacto con Vox no peligraba. Ahora bien, horas más tarde Feijóo afirmó que las regiones gobernadas por el PP asumirán el reparto de 400 menas, algo que no gustó entre las filas de Vox en Castilla y León y que volvió el pacto «insostenible».

Precisamente, durante una rueda de prensa celebrada este miércoles tras una reunión con la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León, García-Gallardo insinuó que abandonaría su cargo si el PP continúa apoyando el reparto de menas y con la reforma de la ley de extranjería. «Si nos hacen escoger entre el honor y los barcos, escogemos el honor», aseguró.

Ley de Extranjería

Sobre la aplicación de la Ley de Extranjería, el ya ex vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, manifestó este miércoles que no se está aplicando el artículo 35 de dicha norma, el cual regula el procedimiento y los requisitos para que un extranjero resida en territorio nacional. Así, el dirigente político dijo, a través de sus redes sociales, que la ley tipifica «como absolutamente prioritaria la repatriación de los menores».

«La permanencia en España es la última solución. Pero la realidad es que no se identifica correctamente la edad de los menores, aunque existe tecnología para hacerlo», publicó García-Gallardo.

La situación de los menas, dijo el vicepresidente, es complicada, pero no se soluciona ni con su acogida automática en las comunidades autónomas a las que llegan, ni menos aún con su reparto por España. «Su solución es la que establece la ley: retorno a sus países de origen, bien a sus familias o, si no las pueden identificar, a los servicios sociales (si los hay y son adecuados). Pero para eso hay que cumplir lo exigido en la Ley: que el Gobierno llegue a acuerdos de colaboración con esos países y que las oficinas de extranjería mantengan contacto con las autoridades diplomáticas o consulares de cada país. Y, por supuesto, que se compruebe efectivamente la edad de los ‘menores’ cuando hay dudas», explicó.

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