Un plano «ridículo» sin delimitar y una inversión exigida de 1,7 millones para un contrato de solo dos meses

• Julio Bastida @juliobastidag
• Delegado en Baleares de OKDIARIO
• • 26/08/2026 04:00
  • Actualizado: 26/08/2026 04:00

Contratos millonarios adjudicados sobre planos imprecisos, exigencias de inversión desproporcionadas y una total falta de delimitación geográfica de los servicios a prestar. Este es el escenario de gestión que ha sacado a la luz el empresario Bruno da Silva al relatar las condiciones con las que el Ayuntamiento de Llucmajor pretendía licitar y adjudicar con carácter de urgencia la recogida de basuras en el municipio.

Según explicó Da Silva, tras reactivarse el contacto con el Ayuntamiento a raíz del burofax enviado por sus letrados, los responsables municipales le hicieron llegar las especificaciones técnicas y los mapas para valorar la adjudicación. La sorpresa del empresario fue mayúscula al comprobar que la documentación entregada carecía del más mínimo rigor técnico. Le facilitaron «un plano ridículo, como de niño pequeño» sin definir con exactitud los límites de las actuaciones.

Con el objetivo de evitar contingencias legales o incumplimientos futuros, Da Silva solicitó repetidamente que el personal de la brigada municipal o los técnicos locales le acompañasen sobre el terreno para delimitar las calles y los bordes exactos del núcleo urbano. «Les dije: para estar bien seguro, ¿me podéis mandar a alguien de la patrulla a decirme número urbano dónde empieza y dónde termina? (…) Tienes que delimitar, porque si firmo el contrato y me lo dan, y dentro de cuatro meses me dicen Bruno, ¿no has recogido la basura en tal calle?… Sí, pero es que no se ha estipulado», argumentó.

A pesar de sus requerimientos, la respuesta del jefe de la brigada, Sebastián Puig, fue negarse a acompañar al empresario, limitándose a remitirle de nuevo al plano rudimentario. «¿Vais a dar un contrato de esta envergadura a otra empresa y no tenemos que delimitar? Cuando veo el plano… ¿Vas a dar un contrato de 53 millones de euros a cualquier otra empresa, con un dinero que no es tuyo, y ése es el plano que das? Esto ya me alarmó muchísimo», exclamó Da Silva.

El punto más crítico de la negociación llegó cuando el Ayuntamiento precisó la duración del contrato de emergencia y las inversiones necesarias para poder ejecutarlo. Para poder asumir el servicio en el núcleo urbano, la empresa debía realizar una inversión inicial mínima de 1,7 millones de euros destinados a la adquisición de naves industriales, cuatro camiones compactadores de basura nuevos y equipamiento homologado para el personal.

Sin embargo, cuando Da Silva solicitó que se fijara el marco temporal para amortizar semejante desembolso —recordando que la ley permite contratos de emergencia de hasta dos años—, la respuesta del Ayuntamiento fue que el contrato se limitaría a tan solo dos meses.

«Dije: Dime qué tiempo para todo el material que me pides. Y hace cuatro días me dicen: Dos meses. ¿Dónde está la cámara oculta? Voy a comprar cuatro camiones compactadores para dos meses y luego, ¿me hago un llavero con los camiones? ¿Se cree que la gente es tonta?», recriminó con severidad el empresario, remarcando que la falta de respuestas y las condiciones insostenibles demuestran una total ausencia de voluntad para solucionar los problemas reales de los vecinos de Llucmajor.