La Oficina Anticorrupción firma un pacto de colaboración con la Fiscalía tras la derrota de Armengol

Seis años después de su creación por el ahora derrotado gobierno balear de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, y tras la debacle electoral de la ya ex presidenta balear, Francina Armengol, la denominada la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares, dirigida por un alto cargo vinculado siempre a gobiernos socialistas, Cristóbal Milán, ha firmado un acuerdo de colaboración para el intercambio de información con la Fiscalía General del Estado.

Si desde su puesta en funcionamiento en 2017 este ente público adscrito al Parlament balear se ha dedicado, básicamente, a ensañarse con los casos que afectan a altos cargos del PP, archivando sistemáticamente, los que concernían a las formaciones del pacto de izquierdas que ha gobernado las Islas estos últimos ocho años, no ha sido hasta esta semana, una vez consumada la derrota electoral de Armengol y de sus socios de gobienro, cuando Milán ha impulsado la firma de un acuerdo con el Ministerio Público.

Todo ello después de que durante estas dos legislaturas, este organismo se haya lavado las manos, y no haya dado traslado a la Fiscalía de escándalos sonados que afectaban al anterior Govern. Fue el caso por ejemplo de la noche de copas de la presidenta balear en el Hat Bar de Palma en plenas restricciones por la pandemia, que este ente público decidió no investigar, alegando un supuesto «conflicto ético».

Tampoco hizo nada respecto a la vacunación privilegiada de altos cargos de diferentes administraciones de Baleares gobernadas por el saliente tripartito balear, ni movió un dedo en el denominado caso Varadero.

Una causa judicial en la que están imputados la directora de los Servicios Jurídicos, y el director general de Industria de la Conselleria de Sectores Productivos que presidía el ex conseller podemita Juan Pedro Yllanes por supuestamente favorecer a determinadas empresas del sector náutico. También hizo Milán caso omiso y archivó, las denuncias por corrupción en la Policía Local del Ayuntamiento de Palma, presidido hasta los comicios del 28 de mayo por el ex alcalde socialista, José Hila.

Ahora una vez que Armengol ha sido derrotada en las urnas, Milán firma con el no menos polémico Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, un convenio de colaboración y un protocolo de actuación entre ambas instituciones para la colaboración y apoyo mutuo en la lucha contra el fraude y la corrupción.

Después de estar seis años en Baleares mirando para otro lado, la Oficina Anticorrupción del Parlament se compromete en virtud de este acuerdo a ofrecer protección a denunciantes, testigos y peritos en los casos en que el Ministerio Público determine la necesidad de alguna de las medidas de protección.

Se da la circunstancia de que el agente de la Policía Local de Palma que denunció las irregularidades que estaban sucediendo en el cuartel de San Fernando, y exigió a Milán protección tras recibir amenazas, ni tan siquiera le fue contestada su solicitud.

El convenio también contempla la comunicación de infracciones administrativas, por lo que el Ministerio Fiscal informará a la Oficina Anticorrupción sobre los hechos constitutivos de este tipo de infracciones para que lleve a cabo las actuaciones de investigación correspondientes.

Un acuerdo cuyo recorrido está por ver, ya que ha sido firmado en la antesala de un cambio de gobierno en Baleares tras la victoria electoral del PP de Marga Prohens, que estando en la oposición, se comprometió a eliminar este chiringuito fabricado, y hecho a medida, del Govern de Armengol.