Ninguno de los 20 menas llegados en patera a Mallorca el mes de enero era menor de edad

La totalidad de los 20 supuestos menores no acompañados (menas) llegados en patera en el mes de enero a Mallorca han resultado ser mayores de edad una vez realizadas las pruebas pertinentes que antes no se practicaban y que ahora sí se llevan a cabo.

«Esto ha ocurrido siempre pero ahora tenemos medios para determinar la edad. Desde un punto de vista asistencial no podemos permitir que haya espacios compartidos entre menores y adultos», apunta el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell de Mallorca, el conseller Guillermo Sánchez.

Desde el pasado 5 de diciembre, son los forenses los que deciden qué pruebas son necesarias. Una vez realizadas, el Instituto de Medicina Legal elabora el informe con la valoración del resultado, lo envía a la Fiscalía de Menores que agiliza los trámites administrativos con la idea de que en un plazo de 48 horas esté resuelto.

En cualquier caso, durante el tiempo que duren las pruebas el usuario será considerado menor de edad, y se le prestará la asistencia necesaria.

El también máximo responsable de los servicios sociales de Mallorca ha lamentado el aluvión de menas llegados estos meses y que el año pasado ascendieron a 367, el doble de los acogidos en 2023, que fueron 180.

«El sistema no está preparado. Doblamos la capacidad real que tenemos», ha afirmado Sánchez en una entrevista concedida al programa 4Directe de Canal 4 . Hay que tener en cuenta que la sobreocupación de los centros para la acogida de estos menores en Baleares se encuentra al 650%, es decir, altamente desbordados.

Por esta razón, el conseller ejecutivo de Bienestar Social se ha alineado con el discurso del Govern de Marga Prohens que defiende estas pruebas de edad a los menas.

De hecho ante la crisis migratoria que padecen las Islas, Prohens aboga por realizarlas de forma «permanente» para «ser lo más rigurosos y exactos posibles para garantizar la dignidad de los menores que acogemos y que ya tenemos acogidos», tal y afirmó remarcó días atrás la presidenta con el fin de que todos los que estén en centros de menores sean menores.

Algo que parece ser indiferente para la coalición de partidos de la izquierda e independentistas de Més, que rechazan estas pruebas porque consideran que «deshumanizan» al inmigrante.

Al no ser menores estos 20 inmigrantes llegados a Mallorca el mes de enero, no serán acogidos en la red sobresaturada de 12 centros de acogida de menores no acompañados que existen en Mallorca, donde el Consell no encuentra nuevos emplazamientos para habilitar más espacios de este tipo, por el rechazo social y municipal a la apertura de estos centros.

A ello hay que sumar el notorio desembolso que está haciendo el Consell de Mallorca para el cuidado, manutención y atención a cada uno de estos menores, y que como el propio conseller Sánchez recordaba es de 239 euros diarios por persona.

Ya el año pasado la institución insular se vio obligada a destinar una partida presupuestaria de cuatro millones de euros a principios de 2024 para afrontar la grave crisis migratoria que padecía la isla, cantidad a la que hay que sumar ocho millones más, que se destinaron meses más tarde. En total fueron hasta 12 millones de euros, el triple de lo previsto.

Desde las filas de Vox, socios de gobierno del PP en el Consell de Mallorca, han recordado que ha sido gracias a la verificación de edad promovida por este partido, en este caso concreto, «se ha evitado un despilfarro de cerca de 150.000 euros de las arcas públicas», al no quedar estos inmigrantes instalados en un centro de atención a estos menores.

Por ello, desde Vox destacan que mientras «nuestros servicios sociales se ven sobrecargados, las listas de espera para acceder a residencias de mayores siguen creciendo y los ciudadanos de Baleares ven cómo sus recursos se destinan a quienes llegan de manera irregular en lugar de a los nacionales que llevan toda su vida contribuyendo a la sociedad».

Por último, el partido liderado por Santiago Abascal subraya en su comunicado que la inmigración ilegal «es un problema grave que afecta a todas las áreas de nuestra comunidad».

«No solo supone un gasto desorbitado, sino que también impacta en la seguridad, la educación y la sanidad. En Baleares hemos visto cómo menas han sido alojados en residencias mientras nuestros mayores esperan una plaza. Es una auténtica vergüenza».