La Ley de Memoria Histórica que no derogó el PP considera «víctima» al asesino comunista Pedro Marqués

La Ley de Memoria Histórica que han salvado PP y PSOE en el Parlament balear -aprobada por el Gobierno de Francina Armengol en 2018-, junto al resto de partidos políticos de la izquierda, seguirá dando prevalencia a las víctimas franquistas mientras deja convenientemente olvidadas las masacres perpetradas por las fuerzas republicanas.

Es tal el sesgo que se le llega a dar estatus de víctima a un personaje tan sanguinario como el menorquín Pedro Marqués, autor de innumerables asesinatos, mientras se mete debajo de la alfombra el caso del alcalde de Es Castell Francisco Gimier, ejecutado por milicianos comunistas, o los de los centenares de víctimas republicanas, muchos de ellos mujeres y niños.

La Ley de Memoria Histórica es una ley a la carta en la que sólo interesa desenterrar según qué cunetas y que tiene como objetivo «determinar e identificar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en Baleares, que fueron ejecutadas, que desaparecieron o se exiliaron, o que sufrieron represión, así como a sus familiares». Sin embargo su espíritu no se corresponde con su aplicación, ya que se centra en las víctimas republicanas, excluyendo por completo a las miles de personas, la mayoría de ellas civiles, que cayeron o bien por bombardeos o bien por las represalias del bando popular. Hubo ejemplos documentados en todas las islas del archipiélago, pero los más llamativos son los siguientes.

El 14 de agosto de 1936, dos días antes de que se produjera el desembarco de las fuerzas republicanas en Mallorca con el objeto de derribar el frente nacional, siete aviones con bandera roja escupieron bombas sobre Palma, Llucmajor y Santa Maria, acabando con la vida de un centenar de civiles, la mayoría en la capital, donde se vivieron escenas de auténtica devastación. 88 años después, los fallecidos siguen olvidados. Sólo en Mallorca, el historiador Massot i Muntaner, en su libro Los bombardeos en Mallorca durante la Guerra Civil contabilizó un total de 150 muertos, de los que 35 eran niños.

En febrero de 2019 Ciudadanos llevó al pleno del Ayuntamiento una propuesta para instalar placas de recuerdo en los principales lugares afectados por el bombardeo, pero por supuesto la izquierda lo rechazó de inmediato. No hubo la menor intervención al respecto por parte de los representantes de la Ley de Memoria Histórica, pese a que no existe ninguna discusión de que se trataba de víctimas de la Guerra Civil.

Sí que se reconocen, en cambio, a los soldados del capitán Alberto Bayo derrotados tras el desembarco en la playa de Sa Coma, en la costa de Punta Amer. Es el caso de las cinco milicianas que acompañaban a la expedición del militar nacido en Cuba y enviado a Baleares por la Generalitat de Cataluña, fusiladas en Manacor por las tropas nacionales, y cuyos restos fueron exhumados en 2023 en el cementerio de Ses Coletes en el marco del Cuarto Plan de Fosas y Memoria Democrática de Baleares.

En diciembre de 2021, 124 represaliados por la dictadura recogieron el certificado de reconocimiento de víctima expedido por el Govern de Armengol en un acto celebrado con toda pompa y boato en el Palacio de Congresos y en el que de nuevo sólo se homenajeó a los fallecidos «a causa del franquismo». De todas las bajas causadas por anarquistas y republicanos en su intento por hacerse con el control de la isla, muchas de ellas de civiles inocentes, mejor correr un tupido velo.

Mucho más grave fue lo sucedido en Menorca, isla que cayó bajo control republicano y donde más de 150 personas fueron asesinadas por el Frente Popular entre agosto y noviembre de 1936, muchos de ellos por orden directa del espía moldavo Yefim Gradonowski, a quien Stalin había enviado a España para reforzar al partido comunista, y que tras adoptar el nombre de Heriberto Quiñones, se casó con la mallorquina Aurora Picornell, la gran mártir de la izquierda en Baleares, fusilada junto a otras mujeres -las rojas del Molinar- el 5 de enero de 1937. Su cadáver fue identificado en 2022 tras una exhumación en el cementerio de Ses Coletes, en Manacor.

85 personas fueron ejecutadas en La Mola a golpe de ametralladora y otras 73 en las playas o en el mismo puerto como represalia por los bombardeos efectuados por la aviación italiana enviada por Mussolini. Muchos llevaban meses encarcelados en el barco-prisión Atlanta, una checa flotante anclada en el puerto de Mahón. «Estoy aquí para limpiar Menorca de fascistas». Fue lo primero que dijo Quiñones tras desembarcar en la isla en septiembre de 1936, frustrado por el abortado desembarco del capitán Bayo en Mallorca.

Cualquier puerto de España bajo el control republicano era candidato a albergar una checa flotante. Hubo dos en Mahón, aunque la peor fue la del Atlanta. El historiador Juan José Negreira Parets, en su libro Menorca 1936. Violencia, represión y muerte, lo describe con detalle al recordar lo sucedido con la primera «saca» de prisioneros, el 18 de noviembre de 1936: «Cincuenta personas fueron asesinadas de forma inhumana a tiros y machetazos nada más bajar del barco». No todos eran menorquines. Al sacerdote ibicenco José Planells lo llevaron al día siguiente junto a otros 22 condenados al cementerio de Es Castell, en Villacarlos. Allí les esperaban un pelotón de fusilamiento y dos sepultureros.

Heriberto Quiñones no fue el único asesino que campó a sus anchas por Menorca. A su altura llegó Pedro Marqués Barber, comandante interino de las fuerzas republicanas, autor de centenares de asesinatos, entre ellos el del sacerdote Joan Huguet, tío del antiguo diputado del PP, al que pegó personalmente un tiro por negarse a escupir sobre un crucifijo. Cerca de 250 religiosos, militares o simplemente civiles considerados de derechas fueron ejecutados a sangre fría. Marqués fue detenido al final de la Guerra Civil y fusilado por sus crímenes. Sin embargo, el censo de la Ley de Memoria Historia le confiere la categoría de víctima.

El antiguo secretario autonómico de Memoria Democrática del Govern, Jesús Jurado, llegó a defender su presencia en la lista porque «se puede ser asesino y víctima a la vez». Marqués sí está en la lista, pero en cambio no figura en ella Francisco Gimier Sintes, alcalde de Es Castell entre 1924 y 1930, asesinado el 16 de noviembre de 1936. En octubre de 2021 los partidos de la izquierda rechazaron en el Parlament una Proposición no de Ley presentada por el PP para reconocerlo. Ahora se renueva la Ley de Memoria Histórica sin que el Partido Popular haya hecho nada para reparar ese error.

En Ibiza una placa en la catedral recuerda a los 113 asesinados durante los 45 días en los que las tropas republicanas de Bayo, que había desembarcado en las Pitiusas el 8 de agosto de 1936 para preparar su asalto a Mallorca, tomaron el control de la ciudad sembrando el terror. 21 sacerdotes fueron ejecutados, pero el día en el que el infierno se desató fue el 13 de septiembre. 94 personas fueron aniquiladas en el castillo de Dalt Vila. Los ‘fets del Castell’ aún sobrecogen el imaginario ibicenco cada vez que a alguien se le ocurre recordarlos. Tampoco son víctimas dignas de ser recordadas, según la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2018 por PP y PSOE y refrendada este martes por los mismos partidos.

Según difundió el Govern de Armengol en 2019, hubo 2.077 asesinatos en Baleares en la Guerra Civil y en la posguerra, de los cuales 1.544 se produjeron en Mallorca, 346 en Menorca y 187 en Ibiza y Formentera, pero por supuesto sólo cuentan las víctimas del bando republicano. Las otras para ellos nunca existieron. Ni el centenar de civiles asesinados por los bombardeos comunistas, ni los fusilados en Menorca por orden del marido de Aurora Picornell o del asesino Pedro Marqués, ni los ejecutados en el castillo de Dalt Vila en Ibiza.  Todo ellos son, para el socialismo, y se ve que también para el Partido Popular, hojas en blanco.