La juez propone llevar a juicio al ex jefe de Puertos de Armengol por el amaño de concursos públicos

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma propone llevar a juicio al ex jefe de Puertos de Francina Armengol en Baleares, Joan Gual de Torrella, por presunto amaño de concursos públicos.

Después de tres años de diligencias, la magistrada Martina Mora considera que existen indicios claros de que la dirección de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) habría supuestamente maniobrado para beneficiar a determinados clubes o empresas.

Por ello, ha dictado un auto por el que abre la puerta a juzgar al citado ex presidente de la APB, pero también al que fue hasta las pasadas elecciones municipales de mayo de 2023 alcalde de Ibiza, el socialista Rafa Ruiz, junto a otras 14 personas implicadas también en esta supuesta trama de amaños de contratos públicos, por la misma causa.

El caso fue destapado tras la denuncia de la empresa Club Deportivo Básico 12 Millas ante la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación de la explotación del puerto deportivo ibicenco al Club Náutico de Ibiza (CNI). Esa concesión fue recurrida y el Tribunal Supremo acabó dando la razón al Club 12 millas.

El auto implica en la práctica cerrar la instrucción del conocido como caso Puertos, tras cuatro años de investigaciones. La instructora da a la Fiscalía y a las acusaciones particulares personadas el plazo de un mes para solicitar la apertura de juicio oral, formulando sus escritos de acusación.

El Juzgado plantea continuar las diligencias por los trámites de procedimiento abreviado para el ex presidente de la APB por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración, tráfico de influencias y cohecho.

El auto también incluye al ex alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz (PSOE), como vocal del Consejo de Administración, por posible prevaricación y fraude a la administración.

Igualmente, la juez también estima posible responsabilidad penal del vicepresidente Miguel Puigserver, a quien sitúa como «amigo de confianza» de Gual; el director Juan Carlos Plaza; y la abogada del Estado Dolores Ripoll, como asesora de la APB.

El resto de imputados son el presidente de la Asociación Menorquina de Empresas Náuticas (Asmen), Justo Saura; cuatro técnicos de la APB; el presidente del Club Deportivo Básico 12 Millas en la fecha de los hechos; así como cuatro personas vinculadas a Marina Asmen SL y otras dos al Club Náutico de Ibiza.

Hay que recordar que la Guardia Civil descubrió conversaciones entre el presidente de la APB entonces, Joan Gual de Torrella, y la presidenta balear Francina Armengol, donde se comprueba que el primero informaba a la segunda sobre las gestiones para la concesión al CNI de Ibiza.

En el caso del ex alcalde socialista Rafael Ruiz la juez cree que su participación en la adjudicación del puerto de Ibiza va más allá de su mera participación en el consejo de administración de la APB.

El auto razona que existía «un patente interés político compartido por los dos principales partidos» para la continuidad del Club Náutico. Sugiere que el elevado número de socios locales del Club «puede ser muy representativo» en términos electorales dentro de la circunscripción de la ciudad y la isla.  En las últimas elecciones municipales, argumenta, fueron necesarios menos de 1.000 votos para obtener un concejal.

La magistrada destaca las palabras de la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, mostrando su compromiso con la continuidad del Club en el acto de su 90º aniversario. También se halló un correo electrónico en el que el anterior presidente de la APB, Albert Pons, encargaba en 2014 a la abogada del Estado estudiar «con urgencia» la «mejor solución» para «asegurar la permanencia» del Club, y le recordaba que éste «tiene el apoyo de todas las instituciones».

«Un concurso a medida»

El auto recoge comunicaciones intervenidas en las que Gual de Torrella «informaba expresamente» a Armengol (quien le había nombrado en 2015) y a Ruiz de las cuestiones más importantes que afectaran a la entidad. La instructora señala a Gual de Torrella y Ruiz por maniobrar para «adjudicar como fuera al Club Náutico de Ibiza» mediante un «concurso a medida».

Entiende que su participación, al igual que la de Ripoll y Plaza, fue «decisiva» para lograr que estas resoluciones se aprobaran, y a ello suma una comisión técnica «creada ad hoc para vestir la decisión ya tomada». Varias de las resoluciones que aprobaron fueron anuladas posteriormente por el Tribunal Superior (TSJIB).

Entre otros detalles, el auto destaca que la elaboración de unos criterios que suponían un «traje a medida» al incluir el arraigo en la valoración, lo que dejaba en notable desventaja a los otros concurrentes que eran de reciente creación. Además, esos criterios se elaboraron con posterioridad a la presentación de ofertas.

Tras conocer el auto, los socialistas de Ibiza han anunciado que su aún secretario general presentará un recurso de reforma y subsidiario de apelación, y en un comunicado, han explicado que de la instrucción no se desprenden «indicios racionales suficientes de ningún delito».

Según añaden, todo son «meras conjeturas y suposiciones sin entidad suficiente» para la continuidad del procedimiento, habiendo quedado acreditado, a su juicio, que «Ruiz actuó siempre en base a criterios técnicos y en defensa del interés general».

Además, el PSOE ha señalado que el auto es recurrible y «no es cierto que implique que Rafa Ruiz sea juzgado». Según afirman, aunque las acusaciones presenten sus escritos de acusación, puede ser revocado por la Audiencia Provincial, han concluido.