Un estudio eleva a 170.000 las multas cobradas y no notificadas por el Ayuntamiento de Palma desde 2021

Un estudio de la plataforma de afectados Stop Multas Sin Notificación cifra en 170.000 las multas cobradas y no notificadas por el Ayuntamiento de Palma entre 2021 y lo que llevamos de 2023 y en más de 39 millones de euros los sustraídos fraudulentamente a las víctimas por la hacienda municipal bajo el mando del alcalde socialista José Hila.

Según esta asociación, de un total de 53 millones que dice haber recaudado el Ayuntamiento de Palma entre 2021 y 2022 por este concepto, 39 millones «son un fraude y un robo: exactamente el 73,58 % de esos ingresos» obtenidos. Para este colectivo, «es totalmente falso que la multiplicación por tres de lo recaudado por multas sea a causa de los nueve radares fijos instalados en 2021», achacándolo esta entidad al alud de «multas cobradas sin notificar en tiempo y forma».

Según esta plataforma ciudadana -170.810 expedientes sin notificación entre 2021 y 2023-, de haber recibido la primera notificación en tiempo y forma, «es seguro que la inmensa mayoría de multados no se habrían encontrado nunca con una segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera. Pues esa primera notificación por infracción les habría permitido estar al tanto y rectificar. O sea, habría permitido lo que se supone que es el objetivo de una sanción: avisar para prevenir a futuro».

Por ello, el colectivo considera que todo el entramado demuestra que ese no era el objetivo «ni mucho menos». «A la vista de las cifras -sale a un expediente para cada tres ciudadanos de Palma-, queda claro que las multas de tráfico han sido en realidad la excusa para poder imputar la nueva sanción de no identificación, multiplicando los ingresos de manera fraudulenta, con la indefensión y el desastre económico que comporta para muchas economías familiares».

Recordemos que sanciones de 90 y 100 euros se iban acumulando una detrás de otra por no identificación -que duplican o triplican cada una de ellas el importe inicial- sin enterarse el afectado de nada. La mayoría de personas multadas se enteraban de lo ocurrido cuando el Ayuntamiento, a través de la Agencia Tributaria, procedía al embargo de sus bienes o sus nóminas.

Por ello, la plataforma sostiene que «era indispensable la participación de una empresa que ha fallado sistemáticamente a la hora de hacer los intentos de entrega (CI Postal), con detenidos, incluso responsables, por falsificación de firma y por irregularidades en la entrega».

Pero también era necesario, a juicio de la entidad, «la colaboración de los responsables municipales, que lo sabían perfectamente y que han seguido dando por válidos los falsos intentos de entrega, pese a las reclamaciones, las quejas, el escándalo mediático, las detenciones, los procesos judiciales en curso recordando que la primera detención de un trabajador de CI Postal es de finales 2020 y la del resto, de principios de 2021».

Pero nada de esto ha servido al Ayuntamiento para rectificar. De hecho, el gobierno municipal decidió no cancelar el contrato con CI Postal nada más tener constancia de las múltiples irregularidades en el servicio, sino que «se lo prorrogaron hasta marzo de 2023. Y se le fue cursando, a CI Postal, pagos recurrentes, el último, reciente, de 90.000 euros, curiosamente poco después de oírse las quejas de extrabajadores de pendientes de pagos que les debía la empresa.»

Por todo lo ocurrido, los afectados consideran que se enfrentan a «una estafa, un engaño, un robo y un insulto mayúsculo contra contra la ciudadanía de Palma, un ataque masivo y sin paliativos, sin precedentes y programado».

Por último, la plataforma exige al Ayuntamiento de Palma «que asuma su responsabilidad por no haber sido notificados en tiempo y forma y acuerde la cancelación de todos los importes por multas sin notificación, sin la imputación por no identificar al conductor y sin los recargos.