Sánchez rechazó que el informe policial fuera «vinculante» para la regularización como exigía Interior

El Ministerio del Interior reclamó que el informe policial para la regularización de inmigrantes fuese «vinculante». Esta petición, sin embargo, no se incorporó al real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de abril. El texto final determina que «la existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización» y que será un funcionario de Extranjería el encargado de valorar si la persona extranjera representa una «amenaza». Los inmigrantes sí tienen que acreditar que carecen de antecedentes penales.

La petición de Interior se recoge entre las alegaciones presentadas por los distintos ministerios durante la elaboración del real decreto, a las que ha tenido acceso OKDIARIO.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska estimó «imprescindible» que el informe sobre los antecedentes policiales de la persona extranjera, uno de los documentos que se deben recabar durante el trámite de regularización, tuviese un «carácter vinculante» o que su «valoración», a efectos de conceder o no la autorización, correspondiese a Interior.

El real decreto establece que, en caso de que el solicitante tenga antecedentes en el informe policial, será «el órgano competente para tramitar la solicitud», es decir, el personal de Extranjería, el encargado de «valorar de forma casuística y circunstanciada que la persona extranjera no suponga una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea».

«No se acepta»

Tras el intercambio crítico de observaciones dentro del Gobierno, la propuesta de Interior no fue aceptada.

El ministerio de Elma Saiz lo justificó en una directiva europea sobre el estatuto de los residentes de larga duración que «exige que cualquier decisión basada en razones de orden público o seguridad pública se fundamente en una evaluación individualizada del comportamiento personal y en la constatación de una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad». Igualmente, estimó que sería contrario a «la doctrina del Supremo».

«La Administración está obligada a realizar una valoración individualizada y motivada del comportamiento personal del solicitante, ponderando todas las circunstancias del caso y aplicando criterios de proporcionalidad», respondió Inclusión, concluyendo que «los antecedentes policiales no pueden operar como causa automática de rechazo sino como un elemento más dentro de un análisis casuístico que garantice la adecuada protección del interés general y el respeto al marco jurídico europeo y nacional».

Igualmente, descartó que fuese Interior el responsable de valorar el informe policial, señalando que debía «ser asignada al órgano tramitador» del expediente.

Este concreto apartado del real decreto ha suscitado críticas y dudas, especialmente por los criterios que los funcionarios valorarán a la hora de determinar si, pese a tener antecedentes policiales, un inmigrante puede ser regularizado. El proceso está en manos de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Además del informe policial, los funcionarios de Extranjería tendrán que recabar «de oficio» otro del Registro Central de Penados y otro más de las bases de datos de la Unión Europea. Todos ellos tendrán que ser emitidos en un plazo de apenas quince días. Interior también reclamó que no se fijasen plazos concretos.

Los antecedentes policiales incluyen las detenciones, identificaciones e investigaciones por delitos o infracciones. Se trata de una información relevante, pues el inmigrante puede no haber generado antecedentes penales por hallarse aún el procedimiento judicial en curso. Este periódico ya reveló que presos acusados de yihadismo y narcotráfico, aún sin condena, en prisión preventiva, se habían interesado en las cárceles por los trámites para la regularización.

«Declaración responsable»

Durante la tramitación de la norma, el Gobierno sí suprimió otro punto polémico, la posibilidad de que el inmigrante supliese el certificado de antecedentes penales por una mera «declaración responsable». 

«Como ministerio responsable de la seguridad pública», Interior también alertó de «los riesgos que representa para la misma la sola presentación de la declaración responsable de ausencia de antecedentes penales. «Riesgos acrecentados por el carácter masivo de este procedimiento de regularización».

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 30 de junio. El Gobierno estima que más de medio millón de inmigrantes serán regularizados, a los que habrá que sumar los menores por reagrupación. La Policía estimó que más de 1,2 millones de personas extranjeras podrían beneficiarse del decreto.

Informes «secretos»

El Gobierno trata de mantener la opacidad en torno a esta medida, que ya fue aprobada mediante un real decreto para esquivar el control del Congreso. Hace unos días se conoció además que el Ejecutivo había declarado «secretos o reservados» los documentos relacionados con la regularización.

Lo hizo en respuesta a una solicitud de datos e informes por parte del Partido Popular en el Congreso. En concreto, los populares reclamaban el acceso a informes técnicos, evaluaciones internas, análisis jurídicos, así como comunicaciones entre ministerios implicados y advertencias procedentes de instituciones europeas sobre el impacto en el espacio Schengen.

En su respuesta, el Ejecutivo aseguró que el Ministerio de Inclusión no tenía constancia de la existencia de estos informes. También descartó aportar las comunicaciones entre ministerios sobre la elaboración del real decreto. Y en lo relativo a los informes de Interior, se blindó su acceso alegando que se encontrarían afectados por la Ley de Secretos Oficiales, de 1968, clasificándolos por tanto como «secretos o reservados».