Madrid alerta de que el Gobierno quiere suprimir a los notarios como «barrera frente a la corrupción y el fraude»

«Este texto consagraría con rango de ley orgánica las prácticas opacas, fraudulentas y corruptas, realizadas presuntamente en tramas como la de Servinabar, vinculada a Cerdán», ha señalado el portavoz durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

García Martín ha añadido que la propuesta suma más cargas burocráticas a empresas y administraciones y «concentra toda la lucha contra la corrupción en una única Administración» que, pese a calificarse de «independiente», quedaría en la práctica bajo el control del Ejecutivo central. García ha advertido de que dicho organismo funcionaría «como un apéndice más del Palacio de La Moncloa, como ya se ha visto con otros órganos e instituciones en los últimos años».

El Gobierno madrileño ha destacado que el rechazo al texto no es exclusivo de la oposición política. Según el portavoz, «notarios y abogados, la Comisión General de Codificación y el Consejo Fiscal» han alertado sobre lo mismo: «que esta ley, en la práctica, supondría menos controles contra el fraude, el blanqueo y la corrupción, más inseguridad jurídica, más burocracia». García Martín ha añadido también «que los expertos advierten incluso de errores de técnica legislativa».

Ley Orgánica de Integridad Pública

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de febrero este texto, enmarcado en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Incluye 84 medidas y modifica 18 leyes, seis de ellas orgánicas, con el objetivo declarado de reforzar la prevención de la corrupción en el ámbito público.

Su medida estrella es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que aglutinaría la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, pasando a depender todos los servicios de anticorrupción del Gobierno central.

El anteproyecto de ley también endurece el régimen penal, amplía las herramientas de recuperación de activos e impone nuevas exigencias de transparencia a los partidos políticos. El texto se encuentra actualmente en tramitación y deberá completar su recorrido parlamentario antes de convertirse en ley.