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El dueño del Bungalow de Palma, que Armengol quiere cerrar: «Este Govern no es adecuado para Baleares»

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José Luis Piña, copropietario del popular y apreciado restaurante palmesano Bungalow, asegura que la situación actual en la que se encuentran los concesionarios de chiringuitos playeros en Baleares, amenazados de cierre por el Govern de la socialista Francina Armengol, «es fruto del desarrollo de unas políticas equivocadas para contentar a las minorías, con el fin de mantener un gobierno que ha resultado no ser adecuado para Baleares».

El restaurante Bungalow es un negocio familiar que lleva cuatro generaciones y casi cuarenta años trabajando en el barrio palmesano de Ciudad Jardín, con una gran aceptación entre los clientes.

La casa se construyó en los años 20 del pasado siglo y en los 80 obtuvo los permisos necesarios para convertirlo en restaurante, siendo hoy un referente para residentes y turistas, por donde han pasado políticos y artistas de toda clase y condición.

Será por ello que en poco más de un mes el Bungalow supera ya las 7.500 firmas en contra de la decisión de la Demarcación de Costas, que a instancias del Ejecutivo balear, ha ordenado su desalojo y derribo, al igual que el del restaurante vecino el Peñón, también ubicado en este barrio marítimo de Palma.

Cabe recordar que en Baleares, el pacto de izquierdas ha declarado la guerra a los chiringuitos de playa y los locales de restauración ubicados junto al mar, emitiendo más de una docena de informes muy estrictos sobre supuestos perjuicios al medio ambiente que llevan la firma del conseller independentista de Medio Ambiente, Miquel Mir (Més), provocando la no renovación de la concesión de otros tantos negocios y dejando en el paro a más de 200 trabajadores.

Una política agresiva que pretende eliminar de las costas de Baleares los restaurantes de toda la vida, sin atender la antigüedad y arraigo de los mismos y que en el caso del Bungalow, provocaría además el derribo de la casa y del solárium público construido sobre roca viva, no sobre la arena.

No obstante, si el Govern de Armengol hubiese querido, en aplicación de la Ley de Costas, este restaurante y el resto de negocios playeros podrían seguir con su actividad, tal como sucede en el litoral de Andalucía, donde la Junta que preside Juanma Moreno (PP) ha llegado a un acuerdo con Costas para dar seguridad jurídica a los chiringuitos de playa y locales de restauración, algo a lo que se niega el conseller independentista de Més, Miquel Mir, cegado por la política turismofóbica que caracteriza y practica esta formación política, en connivencia con el PSOE de Armengol y Podemos.

Y la cosa puede ir a peor porque en 2023, en teoría, el Govern balear asumirá las competencias legislativas y medioambientales en las costas, tras lograr sus socios independentistas de Més per Mallorca en el Senado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de su traspaso a finales del presente año, a cambio de apoyar los presupuestos del Estado.

Si esa transferencia se materializa en las fechas previstas, las competencias y autorizaciones para el mantenimiento de estos históricos negocios de restauración a pie de playa pasarán a estar en manos del conseller Mir, y teniendo en cuenta los precedentes, el resultado puede ser dantesco para estos pequeños empresarios.

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