Carlos Delgado: «La instrucción del ‘caso Calanova’ por parte de los fiscales de Sánchez fue bochornosa»

Es abogado y durante muchos años fue un destacado militante del Partido Popular. Entre 2003 y 2011 fue alcalde de Calvià y entre 2011 y 2013 conseller de Turismo en el Govern balear que presidía José Ramón Bauzá. Es Carlos Delgado (Palma, 1965), quien durante ocho años ha vivido un auténtico calvario judicial para al final quedar absuelto. Todo empezó cuando, siendo conseller de Turismo, le tocó adjudicar la concesión del Puerto de Calanova (Palma). Fue un procedimiento impecable muy beneficioso para el puerto y para las arcas de la Comunidad Autónoma, pero todo se torció años después.

Carlos Delgado había abandonado la política para volver a ejercer de abogado. Entonces, un nuevo socio que se incorporó a su despacho de abogados recibió una visita de otro abogado, quien le dijo que «si no convencía al nuevo concesionario del Puerto Calanova para que le prorrogara el contrato del restaurante del puerto a un personaje llamado Alfonso Robledo, éste iba a presentar una querella contra nosotros». Y presentó la querella por unas supuestas irregularidades en la adjudicación que nunca existieron.

PREGUNTA. –  ¿Cómo ha vivido estos ocho años de procesamiento judicial para finalmente acabar exculpado de todo?

RESPUESTA. – Han sido años duros, especialmente para mi entorno. Yo estoy acostumbrado a soportar la presión, siempre fui un político que no rehuyó el enfrentamiento político ni el debate. Eso me acostumbró un poco a los ataques. Pero han sido años duros, sobre todo para mis padres, que son muy mayores, mi mujer o mis hijos, a quienes les enseñaban recortes de prensa en el colegio y se acostumbraron a tener que defender a su padre. Esto me hacía más daño en sí que lo que pudieran decir, porque yo sabía cómo iba a ser el resultado final. Ves sufrir a los que te rodean y a los  que quieres y entonces lo pasas mal.

P. – La acusación contra usted fue porque le acusaron de haber favorecido a un socio de su despacho en la en el proceso de adjudicación.

R. – Efectivamente. Cuando sacamos a concurso el Calanova se presentaron muchas empresas. Una de ellas tenía como letrado y pequeño partícipe al que años después fue mi socio de despacho. Y esa fue la que hizo la mejor oferta en el concurso, tanto desde el punto de vista económico como técnico. Con el tiempo se ha demostrado que la adjudicación fue un éxito. Antes Calanova tenía un déficit de gestión de cerca de 1 millón de euros anuales que pagaban los ciudadanos de Baleares. Ahora, el concesionario paga un canon anual de 800.000 euros y además he hecho reformas de varios millones de euros que el gobierno no podía asumir.

P. – El principal protagonista de la denuncia contra usted fue Alfonso Robledo. ¿Pero aparte de esto, cree que ha habido una conspiración para actuar contra usted?

R. – Es evidente que ha habido un interés profundo en querer llevarme a juicio, aunque no creo que hubiera una conspiración como tal. No creo que se reunieran Robledo, Juez, Instructor, Fiscalía, resto de acusaciones y los guardias civiles a modo de conspiración, pero de que muchos actores de este teatro tenían interés especial en llevarme a juicio no tengo absolutamente ninguna duda.

R. – ¿Y el Govern de Francina Armengol?
R. – El Govern de Armengol mantuvo una situación  inexplicable desde el punto de vista jurídico. Yo dejé la política en 2013. Hubo dos recursos de reposición que se presentaron por el segundo y el tercer clasificado en el concurso del puerto de Calanova cuando yo ya no estaba. Uno de estos dos recursos acabó en recurso contencioso administrativo. Y estando el PSOE de Armengol gobernando se contestó esa demanda contenciosa defendiendo la legalidad de la adjudicación del Calanova. Cuatro años  después apareció la querella de Robledo. Entonces Armengol no podía perder la oportunidad de ir contra mí y se sumó a la querella. Es decir, por un lado defendía la legalidad en el contencioso y por otro la ilegalidad en el penal.

P. – En su artículo publicado en OKDIRARIO señaló que previamente a la interposición de la querella, Alfonso Robledo le amenazó con presentarla si no conseguía que el concesionario de Calanova le permitiera continuar con la explotación del bar. ¿Nos puedes contar qué ocurrió exactamente?

R. – Un abogado de Palma fue a ver a mi socio de despacho y le dijo, de parte de Alfonso Robledo, que si yo no mediaba con el concesionario del Calanova para que él pudiera continuar con la explotación del puerto, iba a querellarse contra nosotros. Inmediatamente le dije que fuese al Juzgado de Guardia porque eso era absolutamente intolerable. Nos estaba amenazando, cuatro años después de la adjudicación del puerto, debido a que no le renovaban en el bar. Mi socio no le dio importancia y Robledo puso finalmente la querella.

P. – También contó en el artículo publicado en OKDIARIO que la relación de Alfonso Robledo con el concesionario no era precisamente la ideal.

R. – Alfonso Robledo tenía la explotación del bar, pero luego se adjudicó el Calanova en su conjunto. Entonces nos enteramos de que el concesionario del Calanova tuvo que ponerle alguna querella por coacciones. Hubo un momento en el que, como el concesionario tuvo que empezar las obras de arreglo del puerto, el coordinador de seguridad puso unas vallas para la protección de los trabajadores y Alfonso Robledo ordenó que las cortarán con una radial. El concesionario tuvo que llamar a la Policía Local y denunciarle ante la Policía Nacional. Además, en diciembre de 2016, cuando Robledo tenía que abandonar el bar restaurante, envió un burofax diciendo que no lo iba a abandonar de manera pacífica. Y fue precisamente el Govern  de Francina Armengol el que tuvo que desahuciarle dado que no podía seguir de manera ilegal ocupando el restaurante. Por lo tanto, sí, las relaciones entre el concesionario del puerto y el explotador del restaurante fueron muy complicadas.

P. – También tiene algunas quejas sobre el juez instructor Iñigo Ares. Incluso reclamó una serie de defectos en su nombramiento ¿Qué ocurrió exactamente?

R. – El juez Iñigo Ares era un juez de adscripción territorial, no tenía juzgado propio. Estaba en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma a modo de refuerzo. El 19 de julio de 2020 se le acabó el plazo de refuerzo. Entonces, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares acordó solicitar al Consejo General del Poder Judicial una prórroga de tres meses, pero lo acordó tres días después de que de que acabara el nombramiento, el 22 de julio de 2020. Ya habían pasado tres días, pero es que además, esa solicitud nunca se envió al Consejo General del Poder Judicial, con lo cual nunca se aprobó. El 30 de septiembre volvió a ocurrir lo mismo. Y el 16 de diciembre de 2020 también. Estuve meses pidiendo información y denunciando los hechos hasta que al final acabaron diciendo que no eran necesarias las prórrogas porque Ares era un juez de adscripción territorial.  Pero entonces, ¿por qué aprobaba la Sala de Gobierno Tribunal Superior de Justicia de Baleares solicitar las prórrogas al Consejo General del Poder Judicial si no eran necesarias?, ¿por qué aprobaron solicitar esas prórrogas fuera de plazo en alguna ocasión?, ¿por qué no fueron enviadas las solicitudes al Consejo General del Poder Judicial? Pero lo realmente grave del juez Iñigo Ares es lo que hizo él, no los defectos en sus prórrogas.

P. – Parece ser que al margen de su competencia respecto a la instrucción del caso Calanova, hubo una cierta polémica con la instrucción de una querella por falso testimonio contra una testigo del caso.

R. – Lo que ocurrió fue muy grave. El juez Íñigo Ares, en virtud de un anuncio que salió en el Boletín Oficial del Estado, tenía que cesar en el Juzgado de Instrucción número 3, que es donde se tramitaba el caso Calanova, y pasar a tomar posesión de su primer juzgado como titular, el Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor. Pero como no había acabado la instrucción del caso Calanova, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial le concedió una prórroga de 15 días especificando que la finalidad era la resolución del caso Calanova. Esa prórroga empezaba el día 27 de enero de 2021 y acababa el 10 de febrero de 2021. Lo que pasó es que nosotros presentamos una querella por falso testimonio contra una testigo que había mentido y cuyo testimonio había sido empleado por el juez Ares para llevarnos a juicio. Esta querella, con una grabación que demostraba el falso testimonio, casualmente entró también en el Juzgado de Instrucción número tres el día 28 de enero, es decir, dentro de esos 15 días de prórroga que el juez tenía para acabar el Calanova. El juez Ares, sin estar autorizado para ello, asumió la querella y directamente la inadmitió a trámite. Cogió pruebas del caso Calanova que le interesaban, las introdujo sin información a las partes en el nuevo procedimiento e inadmitió a trámite la querella. Es decir, cogió un asunto sin estar autorizado para archivarlo porque le molestaba para llevarnos a juicio. Esto fue denunciado, infructuosamente, ante el Tribunal Superior de Justicia.

P . – ¿En todo este proceso de destrucción, qué papel tuvo Juan Carrau?

R. – Juan Carrau inició su actuación cuando Pedro Sánchez envió a la fiscal Laura Pellón a Europa, con todos los beneficios que eso conlleva. Tenía que entrar otro fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y Juan Carrau asumió el tema. Él solito llamó a 48 testigos, a 48 testigos a los que se les molestó y provocó que se alargara el proceso de manera tremenda. Hay un retraso en la administración de justicia tremenda gracias a bochornosas instrucciones como ésta y lamentables actuaciones como la del fiscal Carrau. Hizo perder tiempo a la Audiencia Provincial, hizo perder el tiempo a todos los testigos que tuvieron que venir y provocó un tremendo gasto a la administración, gasto que pagamos todos. Y al final el fiscal Juan Carrau acabó concluyendo en jucio una frase que para mí es para enmarcar: «Pensamos que hay elementos bastantes para pensar que el conseller ordenó y un funcionario ejecutó». Lo dijo sin una sola prueba y se quedó tan ancho.

P. – Durante la celebración del juicio, ¿en algún momento temió que iba a ser condenado?

R. – Nunca temí eso. No había absolutamente ningún indicio, no lo hubo en la instrucción ni lo había en el juicio. No lo podía haber porque no se cometió ningún delito. Por eso ha sido tan duro, porque para mi era incomprensible que el juez instructor no archivara la causa. Jamás he temido que me fueran a condenar, pero reconozco que no he dejado de asombrarme de cómo se iban desarrollando los acontecimientos.

P. – Una vez concluido todo, ¿qué conclusiones saca usted sobre la actuación de la Justicia en España?

R. – Que la situación es realmente preocupante. Hace hace unos meses el teniente fiscal de aquí, Adrián Salazar, dijo que le preocupaba mucho la judicialización de la política y lo que realmente debería preocuparle es la politización de la justicia. La justicia aquí va de mal en peor, de fracaso en fracaso y de ridículo en ridículo. La situación, por lo menos en Baleares, es llamativa. Y lo siento mucho por los buenos jueces que hay en Baleares, pero algo tienen que hacer para que las cosas cambien.