El capricho de Armengol de frenar una urbanización obliga al Govern a pedir un crédito de 96 millones

La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Govern a indemnizar con 96 millones de euros al empresario Matthias Kühn por la protección de los terrenos de Muleta, en el Port de Sóller, provoca un «agujero enorme» en las cuentas de la Comunidad Autónoma, según ha afirmado este jueves el vicepresidente y conseller de Economía Toni Costa. Para afrontar esta multa el Govern pedirá un crédito extraordinario. Presentará una ley de crédito extraordinario que tendrá que aprobar el Parlament.

El pago de la multa por proteger Muleta, según la sentencia del Supremo, debe realizarse antes de dos meses. Según ha manifestado Costa a IB3 Ràdio, «no se recortarán partidas presupuestarias fundamentales para hacer frente a la millonaria sanción» sino que se hará una ley de crédito extraordinario.  

El Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor del promotor Matthias Kühn y ha ratificado una sentencia del año 2022 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. El Supremo considera que la comunidad debe compensar con 96 millones de euros la desclasificación de los terrenos de Muleta II, que se convirtieron en rústicos, lo que provocó la primera reclamación del promotor alemán en 2009.

Sobre este asunto se ha pronunciado también la presidenta del Govern, Marga Prohens. Ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo «compromete las cuentas de cualquier Administración pública» y considera que el PSIB ha de salir para «pedir perdón a los ciudadanos».

Prohens ha lamentado que esta sentencia es «una mala noticia para los bolsillos de los ciudadanos de Baleares». Según la presidenta, la sentencia demuestra la «falta de diligencia que tiene la izquierda a la hora de gestionar el dinero público». En este sentido, ha reclamado al PSIB que «salga a dar la cara y pida perdón a los ciudadanos».

Tras un largo periplo judicial el Tribunal Supremo ha confirmado ahora que el Govern deberá indemnizar con 96 millones de euros al empresario Matthias Kühn, marido de Norma Duval, por la desclasificación de los terrenos de la urbanización Muleta II en Port de Sóller.

En detalle, el TS ha dictado sentencia en el recurso de casación que había interpuesto la Comunidad Autónoma contra el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), de fecha 31 de enero de 2022, a favor del empresario.

El fallo, con fecha 27 de febrero de 2024, rechaza el recurso de casación y confirma el auto del TSJIB que condena a la CAIB al pago de 63.533.374,48 euros, más los intereses de esta cantidad devengados desde el 18 de mayo de 2009, fecha de la primera reclamación, que ascenderían a unos 32,5 millones de euros adicionales. Es decir, más de 96 millones de euros.

La Sentencia contra el Govern por proteger Muleta repasa la tramitación judicial de este conflicto, que se inició en 2010, cuando gobernaba el socialista Francesc Antich, y finaliza ahora, 14 años después. Posteriormente, el Govern de Francina Armengol ratificó la protección de los terrenos de Muleta.

El Tribunal Supremo recuerda que el procedimiento de 2010 finalizó mediante un auto de 23 de julio de 2013, aprobando un acuerdo transaccional que reconoció el carácter urbano de estos terrenos.

La posterior aprobación de la Ley 12/2017, de urbanismo de Baleares, durante la etapa del Govern de Francina Armengol, reclasificó de nuevo como suelo rústico protegido (ANEI) estos terrenos e imposibilitó que Muleta se reincorporase como suelo urbano al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller, originando la actual petición indemnizatoria ahora resuelta por el Tribunal Supremo.