El capricho de Armengol de proteger un terreno de Matthias Kühn le cuesta a Baleares 96 millones de euros

La decisión del Govern balear del pacto de izquierdas que presidía Francina Armengol de proteger un terreno urbanizable en el municipio de Sóller (Mallorca) le costará al actual Ejecutivo de Marga Prohens 96 millones de euros. El Govern de Armengol protegió de forma definitiva estos terrenos al confirmar una decisión de un anterior Ejecutivo del PSOE que presidía Francesc Antich en el año 2010.

Tras un largo periplo judicial el Tribunal Supremo ha confirmado ahora que el Govern deberá indemnizar con 96 millones de euros a una empresa del empresario Matthias Kühn, marido de Norma Duval, por la desclasificación de los terrenos de la urbanización Muleta II en Port de Sóller.

En detalle, el TS ha dictado sentencia en el recurso de casación que había interpuesto la Comunidad Autónoma contra el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), de fecha 31 de enero de 2022, a favor del empresario.

El fallo, con fecha 27 de febrero de 2024, rechaza el recurso de casación y confirma el auto del TSJIB que condena a la CAIB al pago de 63.533.374,48 euros, más los intereses de esta cantidad devengados desde el 18 de mayo de 2009, fecha de la primera reclamación, que ascenderían a unos 32,5 millones de euros adicionales. Es decir, más de 96 millones de euros.

La Sentencia repasa la tramitación judicial de este conflicto, que se inició en 2010, cuando gobernaba el socialista Francesc Antich, y finaliza ahora, 14 años después, informa Europa Press.

El Tribunal Supremo recuerda que el procedimiento de 2010 finalizó mediante un auto de 23 de julio de 2013, aprobando un acuerdo transaccional que reconoció el carácter urbano de estos terrenos.

La posterior aprobación de la Ley 12/2017, de urbanismo de Baleares, durante la etapa del Govern de Francina Armengol, reclasificó de nuevo como suelo rústico protegido (ANEI) estos terrenos e imposibilitó que Muleta se reincorporase como suelo urbano al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller, originando la actual petición indemnizatoria.

La sentencia dictada funda su razonamiento en esta imposibilidad de reincorporación de Muleta como suelo urbano al Plan General de Urbanismo de Sóller, confirmando que era procedente el pago de la indemnización al hacer imposible el desarrollo de este suelo, que había sido antes reconocido como urbano en el auto transaccional de 23 de julio de 2013.

El Tribunal Supremo obliga ahora a pagar la indemnización en el plazo de dos meses, imponiendo además las costas del incidente a la Comunidad, importes todos ellos que deberá afrontar el actual Govern.

Prohens pide al PSIB que «pida perdón»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma que el Govern deberá pagar 96 millones de euros a una empresa de Matthias Kühn «compromete las cuentas de cualquier administración pública» y ha reclamado al PSIB que «pida perdón a los ciudadanos».

Así se ha expresado la presidenta este jueves en una rueda de prensa en la que ha lamentado que dicha sentencia es «una mala noticia para los bolsillos de los ciudadanos de Baleares».

Según Prohens, la sentencia demuestra la «falta de diligencia que tiene la izquierda a la hora de gestionar el dinero público». En este sentido, ha reclamado al PSIB que «salga a dar la cara y pida perdón a los ciudadanos».

Cronología de una multa histórica

Lo que ha hecho ahora el Supremo es confirmar la sentencia dictada en 2022 por la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que condenó al Govern a pagar 63 millones de euros por incumplir un acuerdo transaccional con la entidad Birdie Son Vida, propiedad de Matthias Kühn, en el que reconocía la calificación de suelo urbano de los terrenos de Muleta II de Sóller. El Tribunal estimó el incidente de imposibilidad de ejecución promovido por la entidad Birdie Son Vida por incumplir un acuerdo transaccional con el Ejecutivo autonómico en el que se reconocía la calificación de suelo urbano de los terrenos de Muleta II de Sóller.

La entidad Birdie Son Vida presentó en 2020 ante la Sala un recurso contencioso-admininstrativo contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta contra el Govern, a consecuencia de la aprobación de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, que determinó la desclasificación de la urbanización Muleta II de Sóller que pasó a ser suelo rústico protegido.

No obstante, durante la tramitación del procedimiento contencioso-administrativo, entró en vigor el Decreto Ley CAIB 2/2012, de 12 de febrero que facultaba el retorno de los terrenos a su clasificación como suelo urbano; y la Ley CAIB 7/2012, de 13 de junio, en el mismo sentido.

Por lo que practicada la prueba pericial, de acuerdo con dicha normativa, los peritos designados judicialmente señalaron que los terrenos cumplían con todos los requisitos requeridos para ser clasificados nuevamente como suelo urbano.

Posteriormente, en julio de 2013, la parte actora y el Govern comunicaron a la Sala Contenciosa del TSJIB haber llegado a un acuerdo transaccional, en el que manifestaron que el pleito quedaba sin objeto al volver a tener la consideración de suelo urbano los terrenos comprendidos en la urbanización Muleta II de Sóller conforme con la Ley 7/2012.

En dicho acuerdo la entidad Birdie Son Vida hizo constar que se reservaba el derecho a iniciar una nueva reclamación patrimonial derivado de acto administrativo frente a la Ley 7/2012. Dicho acuerdo fue aprobado y validado por la Sala.