El Ayuntamiento de Palma gobernado por el PP con el apoyo de Vox pone en marcha la oficina antiokupas

PP y Vox ponen en marcha en Palma la Oficina Antiokupación, y a partir del mes de enero, la Oficina municipal Antidesahucios de la capital balear también asesorará a los propietarios de pisos con okupas, tal y como recogía el acuerdo programático rubricado entre ambas formaciones.

Para ello el pleno extraordinario de este viernes 22 de diciembre donde se aprobarán definitivamente los primeros presupuestos del alcalde del PP, Jaime Martínez, dará luz verde a una enmienda presentada por Vox en la que se recoge el cambio de nombre de la Oficina Antidesahucios que pasará a denominarse «Oficina Antidesahucios y Antiokupación» sin coste presupuestario adicional por este incremento de servicios, con una dotación total de 335.884 euros.

De esta forma ambas formaciones darán cumplimiento en la práctica al punto 104 del acuerdo programático suscrito a nivel autonómico, que recoge la creación de la citada Oficina de Defensa de Víctimas de la Okupación con un teléfono de atención permanente para el asesoramiento y acompañamiento de todas las personas afectadas por la okupación ilegal de su propiedad, con el compromiso adicional de facilitar ayudas asistenciales y económicas.

La intención de Vox en relación a este servicio municipal que ahora se pone en marcha, va incluso más allá de ofrecer asesoramiento a los propietarios de las viviendas, una vez consumada la okupación. La formación de Santiago Abascal apuesta por asesorarlos con carácter preventivo antes de poner las viviendas en alquiler, para así ofrecerles las máximas garantías jurídicas y legales para minimizar el riesgo con los inquilinos.

Una seguridad jurídica que también redundaría en que aquellos propietarios que no ponen su vivienda en alquiler por el miedo a la inquiokupación dispongan de todas las herramientas legales a su alcance para hacerlo con la mayor seguridad posible.

Es decir, crear un ámbito de seguridad jurídica para que más propietarios se animen a sacar sus viviendas ahora cerradas al inflacionista mercado de alquiler de Palma, y así intentar aumentar la oferta y bajar unos precios disparados.

Esta labor preventiva vendrá acompañada del asesoramiento pertinente a los propietarios de pisos con okupas, para poder recuperar su propiedad y ofrecerles toda la información disponible para hacer frente a esta situación.

Un servicio de nuevo cuño que se ofrecerá en la misma sede de la Oficina Antidesahucios ubicada en la calle Socors de Palma donde viene funcionando hace casi una década, ofreciendo un servicio de intermediación que, por ejemplo, el pasado año logró paralizar el 60 % de los procedimientos abiertos: 477 desahucios del total de 720 expedientes abiertos, en su mayor parte, a personas y familias que no podían pagar el alquiler.

Habrá que ver la efectividad que tendrá el nuevo servicio municipal antiokupación, una vez que se ponga en marcha, aunque tarea tiene por delante a tenor de los datos.

Sin ir más lejos Baleares registró 152 okupaciones de viviendas durante el primer cuatrimestre del presente año, con un crecimiento del 11% respecto al ejercicio anterior y es junto a Asturias y Canarias, una de las tres comunidades españolas donde más se incrementa este delito, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.

Y todo hace indicar que lo hará aún más, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda aprobada por el gobierno de Sánchez el pasado mes de mayo que disparará el número de inquiokupas acogidos a la situación de vulnerabilidad que permite esta nueva legislación.

Pero más allá de esta Oficina Antiokupación, entre los acuerdos entre PP y Vox sobre el particular que se tendrán que poner en marcha en 2024 figura además el compromiso de que en caso de que se produzca la okupación ilegal de un inmueble, los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad, poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales para proteger al afectado.

También figura en ese pacto que los okupas no puedan recibir prestaciones ni ayudas en materia de alquiler social, e incluso prohibir que el inmueble en cuestión pueda ser considerado morada o domicilio para el empadronamiento.