El Ayuntamiento de Palma expedienta al agente que instó a investigar la corrupción en la Policía Local

El Ayuntamiento de Palma, a través de la concejala de Seguridad Ciudadana,  Joana Maria Adrover (PSOE), ha abierto expediente disciplinario a uno de los agentes que destaparon el caso Cursach, uno de los mayores episodios de corrupción de Baleares, y que denunció en la Oficina Anticorrupción de Baleares el posible amaño de plazas para sindicalistas durante esta legislatura en la Policía Local.

Una investigación ya en curso por parte del órgano fiscalizador del Parlament balear, que la concejala socialista se negó a indagar pese a que el Consistorio, a través de la Concejalía de Función Pública, le instó a ello.

En el expediente incoado al agente en cuestión se le atribuye la posible comisión de hasta dos faltas de carácter grave y una leve. Todo ello por haber denunciado un posible amaño de cinco plazas para policías sindicalistas en la Policía Local y remitido toda la documentación por escrito a diferentes áreas municipales y a la propia jerarquía de mandos del cuartel de San Fernando, sin obtener, por cierto, resultado algo. Ante esta situación, el agente ahora sancionado puso el caso en manos de Anticorrupción.

El expediente incoado advierte de sanciones que llevarían aparejada la pérdida de funciones y remuneraciones de entre cinco días y tres meses, así como un posible cambio de destino. Curiosamente, ningún asesor especialista del denominado Instituto de Seguridad Pública de Baleares, al que se dirigió el Área de Seguridad Ciudadana para que instruyera el expediente, ha querido hacerlo, teniendo que recurrir el Consistorio finalmente a dos funcionarias municipales de carrera.

Según el expediente de la dirección de la Policía Local, el escrito de denuncia a diferentes áreas municipales para que se abriera una investigación sobre posibles casos de corrupción policial «no puede considerarse o calificarse como una queja o sugerencia de mejora de un ciudadano en relación a un determinado servicio de competencia municipal», dado que lo que manifiesta  el agente «deriva única y exclusivamente de manera directa o indirecta de su relación estatutaria con esta administración».

Es decir, no tenía derecho a remitirlo a las concejalías municipales, sino que lo tendría que haber comunicado a la dirección del Cuerpo, verbalmente o por escrito, «y siempre haciendo un uso del lenguaje y expresiones no ofensivas».

A juicio de la dirección del cuartel, la conducta del agente expedientado chocaría frontalmente con Estatuto del Empleado Público, que obliga a «ajustar su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la administración en la que prestan sus servicios y con sus superiores, compañeros y subordinados, así como mantener la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo».

Según la Prefectura de la Policía Local de Palma, al remitir diversos escritos a diferentes áreas municipales, incluyendo la Alcaldía, instando a investigar posibles casos de corrupción en este cuerpo policial en la presente legislatura, el agente expedientado podría haber vulnerado la Ley 4/2013 de Coordinación de las Policías Locales de Baleares. En concreto, se cita el artículo 69-i donde se tipifica como grave «la emisión de informes sobre asuntos de servicio, que sin estar faltando abiertamente a la verdad, la desnaturalicen utilizando términos ambiguos que causen confusión».