El Ayuntamiento de Palma aprueba eliminar el requisito de catalán en plazas que no lo requieran

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves una proposición de Vox relativa a identificar los puestos de trabajo municipales que «requieren» el requisito del catalán y en los casos que se considere, eliminarlo.

La propuesta para eliminar el requisito de catalán se ha aprobado con los votos a favor de Vox y PP y en contra de PSOE, independentistas de Més per Palma y Unidas Podemos. La proposición también recoge que en los casos en los que se mantenga el requisito, se valorará si el grado de acreditación de la lengua se adecúa al puesto de trabajo y, si se diera el caso, modificarlo.

En el pleno de septiembre, en el debate de la propuesta sobre lenguas cooficiales, la formación retiró un punto que pedía eliminar este requisito «salvo en los puestos de atención directa y presencial a la ciudadanía».

Desde Vox han explicado que el equipo de gobierno «pidió un plazo de tiempo para analizar qué puestos son considerados como de atención directa a la ciudadanía», y que por ello «se admitió la transaccional» del texto» que son exactamente los dos puntos relativos a la lengua que figuran en el acuerdo programático alcanzado entre el PP y Vox en Palma».

Por ello, Vox ha vuelto a presentar la propuesta en el pleno de este mes para que el requisito del catalán se aplique en los casos que «sea necesario». En este sentido, han defendido que «en muchos puestos de trabajo del organigrama municipal y de las empresas públicas no necesitan el requisito».

Igualmente, desde Vox han lamentado que «algunos cargos directivos, cuando interesa, no han necesitado el requisito del catalán» y, por otro lado, que en concursos de traslado, hay personal que «no puede cambiar porque no tiene el requisito del catalán y cuando entraron en la función pública nadie se lo pidió».

Por su parte, los populares han considerado que es «bueno» hacer una revisión de todos los puestos de trabajo y adecuar la exigencia según las funciones. En concreto, la regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, ha señalado que «no hay ningún problema» en determinar cuál es exactamente el nivel de catalán que se tiene que exigir, como se haría en cualquier otra cuestión».

Hay que recordar que según sentencia del Tribunal Constitucional, la configuración de la lengua como requisito excluyente sólo encontrará justificación en su adecuación al principio de necesidad.

Es decir, cuando se trate de funciones públicas que tengan «una incidencia directa» en la garantía del derecho a la utilización en las relaciones jurídicas administrativas de la lengua cooficial y donde sea necesario el conocimiento de ambas lenguas. Es el caso de los empleados públicos destinados a funciones de atención presencial y directa al ciudadano (ventanilla), pero no tiene razón de ser en el resto de plazas.

Desde la perspectiva constitucional, el ejercicio de la potestad legislativa en materia lingüística encuentra sus límites en la necesaria preservación de la garantía de uso normal de las lenguas cooficiales y en la prohibición de medidas excluyentes, peyorativas o desproporcionadas que impliquen un desequilibrio para alguna de las lenguas oficiales.