Armengol se saltó el toque de queda por el Covid que ella misma impuso

Tres años se cumplirán el próximo 7 de octubre de uno de los episodios que marcaron el ocaso de la carrera política en Baleares de la nueva presidenta socialista del Congreso de los Diputados, Francina Armengol: su incumplimiento flagrante en un bar de copas ya desaparecido del centro de Palma (Hat bar), de las restrictivas medidas contra la expansión del coronavirus impuestas por el Govern que presidía, y que obligaba a cumplir a rajatabla, al millón de residentes en Baleares.

Armengol se saltó la normativa antiCovid que ella misma había aprobado, imponiendo el cierre de la actividad comercial a la 01.00 horas, y continuó la fiesta en el bar hasta la intervención policial provocada por las denuncias de los vecinos.

Como suele suceder en estos casos, siempre que hay un dirigente socialista implicado, salió indemne de este incumplimiento y no fue sancionada.

Tampoco el bar en el que la cazaron fue finalmente multado, después de ocultar durante meses el expediente abierto al establecimiento donde la presidenta fue sorprendida tomando copas fuera del horario de cierre, junto al conseller de Movilidad y Vivienda, Iago Negueruela, y el director general de Comunicación, Álvaro Gil, que continúan activos en su carrera política, tres años después de unos hechos que indignaron a la sociedad balear.

Todos se fueron de rositas de aquel suceso, y la hoy ya presidenta del Congreso no dio jamás explicaciones sobre el particular, mientras sus socios de gobierno en el Ejecutivo balear, independentistas de Més y Podemos, bloquearon la comisión de investigación exigida por la oposición.

La omertá impuesta desde el Govern la culminó el director de la Oficina Anticorrupción del Parlament balear, Jaume Far, quien no investigó lo sucedido, alegando que se trataba de «conflicto ético en el que no me puedo posicionar».

Mientras Armengol le salió gratis su noche de copas en un bar que la policía tuvo que cerrar a las dos de la madrugada, en octubre del año pasado, el Ejecutivo balear imponía una multa de 6,8 millones a 114 asistentes (60.000 euros por cabeza) a una fiesta celebrada en agosto de 2021 cuando todavía había restricciones a las reuniones sociales.

«Las normas están para cumplirlas porque vivimos en un estado de derecho», afirmó en sede parlamentaria y con la desfachatez que le caracteriza, la entonces presidenta del Govern.

Una doble vara de medir que es marca de la casa, y el marchamo inconfundible de Armengol (52 años) en el cuarto de siglo que lleva viviendo de la política: multa millonaria al centenar de participantes en esa citada fiesta privada de la zona residencial de Son Vida, mientras ella quedaba indemne de cualquier sanción por saltarse la legalidad vigente.

Y no sólo ella, sino también los suyos, como fue el caso de la hija de la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, que celebró otra fiesta en plena pandemia con el conocimiento de su madre,  y no hubo multas, ni dimisión, ni disculpas, como denunció en el Parlament el entonces portavoz del PP, Toni Costa.

Todo ello siempre con el silencio cómplice y la colaboración de sus socios de gobierno, caso de los independentistas de Més que, además de callar dieron por buenas sus explicaciones, y de Podemos, cuyo vicepresidente, el ex juez Juan Pedro Yllanes, fue más allá, y calificó la noche de copas de Armengol como «una conducta respetable».