El alcalde de Palma premia con otros 124.000 euros a la empresa de las multas cobradas y no notificadas

El alcalde socialista de Palma, José Hila, premia con otros 124.000 euros a la empresa de las multas cobradas y no notificadas, el concesionario municipal CI Postal, cuatro de cuyos trabajadores fueron detenidos el año pasado por la Policía Nacional por abrir notificaciones dirigidas a ciudadanos y falsificar los justificantes de entrega.

Se trata de un abono extra a esta compañía que se produce diez días después de que el gobierno municipal anunciara que no prorrogará el contrato con la citada empresa y que otorgará la concesión a dedo de este servicio a Correos.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Palma ha vuelto a pagar un sobreprecio de 124.000 euros a CI Postal, cuyo abono será aprobado por el gobierno municipal de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, en el penúltimo pleno ordinario del año que se celebrará el próximo jueves.

Un pago extra que hay que sumar al millón de euros anuales que viene percibiendo el concesionario por este polémico y criticado servicio. Este sobrecoste viene motivado por el aluvión de multas de tráfico que está imponiendo el actual gobierno municipal, tras incorporar hasta 12 nuevos vehículos multacar, equipados con cámaras para sancionar a todos los conductores infractores, implantando radares en las principales vías del callejero urbano palmesano.

La adopción de nuevas medidas de pacificación del tráfico en el centro de Palma, aplicadas en cumplimiento del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), como el Palma 30 y que han venido acompañadas de sistemas de control de velocidad (radares fijos), han hecho que las denuncias se triplicaran, obligando al gobierno municipal a premiar este exceso de notificaciones.

Según reconoce el Consistorio palmesano, este incremento en el número de denuncias se traduce, consecuentemente, en un aumento imprevisto del coste de las notificaciones y, por tanto, el crédito autorizado del contrato del servicio postal adjudicado a la empresa CI Postal en 2019, ha sido insuficiente.

Un exceso de facturación en sanciones cuyo desembolso se ha realizado sin contrato alguno que lo avale, tal y como expone el interventor en su informe sobre este pago, en el que expone que «el acuerdo se ha adoptado sin fiscalización o intervención previa».

«Se pretende llevar a cabo un gasto sin instruir el correspondiente expediente de contratación, por un incremento del coste del servicio por encima del precio de adjudicación del contrato vigente. Por tanto, se propone reconocer una obligación de un gasto por encima del crédito autorizado, dispuesto y comprometido», abunda el interventor.

Por ello, advierte al gobierno municipal de que en este desembolso «se detectan infracciones del ordenamiento jurídico, que califican, a priori, el acto como nulo». No obstante, opta por dar su «opinión favorable al reconocimiento extrajudicial de obligaciones de pago», aunque precisando que «no supone su validez o enmienda, ya que el acto sigue siendo nulo de pleno derecho». Por ello concluye: «El acuerdo favorable del pleno no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en el su caso, correspondiera».

La semana pasada la plataforma Stop Multas Sin Notificación acusó al Ayuntamiento de Palma de ser «directamente responsable del abuso y de la gestión de todo este asunto, y podría haber incurrido en prevaricación desde el momento en que sabía que existía una investigación policial en marcha».