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300.000 euros de multa al dueño de una vivienda en Ibiza por hacer obras sin licencia

Realizó una reforma integral incorporando el garaje a la casa de 164 metros cuadrados y con dos plantas

El presupuesto de los trabajos realizados es de 175.000 euros y la sanción impuesta es casi el doble

Ibiza multa
Vista aérea de la localidad de Santa Eulària des Riu en Ibiza.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El Ayuntamiento de la localidad de Santa Eulària des Riu en Ibiza ha impuesto una multa de 312.734 euros al propietario de una vivienda situada en un terreno rústico próximo a Roca Llisa, que ejecutó las obras sin licencia.

En concreto una reforma integral de la casa, cambiando el uso de un garaje a vivienda sin contar con los permisos municipales pertinentes.

Para tratar de dar apariencia de legalidad a los trabajos, el propietario había presentado hasta seis comunicaciones previas de obras menores simples, según ha informado este sábado el Consistorio.

El propietario de la parcela había presentado media docena de escritos en los que se comunicaban actuaciones para reparar grietas e impermeabilizar el porche de un garaje y la reparación del suelo, así como cambio de suelo, alicatado y fontanería en la cocina y el baño y de carpintería y una impermeabilización de terraza exterior y reparación del suelo en este espacio.

Igualmente, se hizo comunicación previa de determinadas obras en el exterior. En muchos casos, las comunicaciones previas estaban incompletas o presentaban errores, por lo que no podían considerarse válidas.

Tras la inspección de los técnicos municipales, se constató que se había realizado una reforma integral de la casa, de 164 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, y había cambiado el uso de una estancia de garaje a vivienda con una superficie de 26 metros cuadrados.

El presupuesto estimado de los trabajos realizados sin título habilitante es de 178.700 euros, por lo que siguiendo lo que establece la Ley 12/2017 de Urbanismo de Baleares se consideran estos hechos como una falta grave.

Al poder ser sancionada la infracción con una cantidad equivalente a entre el 100 y el 250 por ciento del valor de las obras, se opta por el término medio de la horquilla (175 por ciento), por lo que la multa es de 312.000 euros, así como la obligación de la restitución de la realidad física alterada.

El propietario puede ver reducido el importe si actúa con prontitud para eliminar las modificaciones irregulares realizadas.

Se trata de la primera multa urbanística de gran cuantía impuesta en el recién iniciado 2024, algo que ya sucedió en esta misma Ibiza en las primeras semanas del pasado año cuando en el mes de enero, en este caso el Consell, ordenó la demolición de una vivienda y una edificación anexa ilegales situadas en zona protegida calificada de ANEI y Red Natura 2000 en el municipio costero ibicenco de Sant Josep.

La sanción fue del doble que la anunciada hoy (674.000 euros) ya que fueron objeto de reforma (más de 280 metros cuadrados) y ampliación ( más de 180  adicionales) sin disponer de licencia municipal de obras.

Estas actuaciones se ejecutaron en una parcela ubicada a la Vénda de Dellà en Sant Josep de sa Talaia, y entre las obras que el Consell ordenó derribar figuraban desde edificaciones de nueva planta, porche anexo, piscina, edificaciones anexas y cenador.

En total la pasada legislatura el Consell de Ibiza remitió a Fiscalía seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido que, este caso pueden derivar además de en su correspondiente sanción económica en responsabilidades penales, de hasta cuatro años de prisión.

De hecho el pasado mes de octubre un promotor y un constructor fueron condenados, el primero a un año de prisión y el segundo a nueve meses de cárcel que se sustituyeron por multas de 4.320 y 3.240 euros, respectivamente, por edificar de forma ilegal en una área protegida del municipio mallorquín de Campos. La edificaron sin contar con permisos ni informes de Medio Ambiente cometiendo con ello un delito contra la ordenación del territorio, aceptando finalmente demoler la construcción y devolver la finca a su estado anterior.

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