Al PSOE le crecen los enanos: investigan a la ex alcaldesa socialista de Punta Umbría por prevaricación

Más problemas para un PSOE ahogado por la corrupción. El Juzgado de Instrucción n.º 4 de Huelva ha citado a declarar como investigados al actual alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino (Unidos por Punta Umbría), y a su antecesora en el cargo, Aurora Águedo (PSOE), por permitir durante años la actividad ilegal de un chiringuito sin licencia a pie de playa. El juez les acusa de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.

El caso nace de una denuncia presentada en 2019 por diferentes comunidades de vecinos afectadas por los ruidos y molestias ocasionadas por el chiringuito Casa Diego, que ha sido cerrado temporalmente. Según el auto judicial, tanto los alcaldes como las autoridades municipales y la Policía Local tenían «constancia fehaciente» de la ilegalidad del negocio, pero habrían optado por no actuar, permitiendo una actividad «prohibida, molesta e insalubre» en una zona protegida, La Canaleta, de dominio público marítimo-terrestre. El escrito destaca la «pasividad» adoptada por la Administración local, «que sólo puede calificarse de grosera».

El juez sostiene que existen múltiples resoluciones municipales que desoyen de forma explícita los informes técnicos que advertían de la situación irregular del establecimiento, cuya actividad se asemejaría más a la de una discoteca al aire libre que a la de un restaurante de playa. En uno de esos informes, un arquitecto municipal llegó a calificar la situación como «caótica» y propuso el cierre del establecimiento por carecer de licencia. Sin embargo, ni la anterior alcaldesa ni su sucesor habrían adoptado medidas para cesar su actividad, alegando en ocasiones un supuesto «interés general y público».

El auto judicial califica de «sorprendente» que en lugar de dictar su cierre el Ayuntamiento de Punta Umbría llegara incluso a emitir documentos reconociendo la actividad como un «servicio esencial y necesario», lo que a juicio del juez podría constituir una vulneración de la normativa vigente y un ejercicio de arbitrariedad administrativa.

Las resoluciones de la Alcaldía «han hecho caso omiso a los informes técnicos» para «permitir que se perpetúe la actividad prohibida pese a la constancia de su carácter molesto e insalubre para los vecinos y nocivo para el medio ambiente», remarca el auto.

Residuos, excrementos y basura

El juez señala además una providencia de Alcaldía, con fecha de septiembre de 2019, en la que la entonces alcaldesa del PSOE sostiene que, «desde hace años», el Ayuntamiento de Punta Umbría «viene intentando regularizar» los chiringuitos para «solventar la situación existente y conciliar el interés general y público con la legalidad y los intereses de terceros afectados», lo que, según el juez, «evidencia un proceder maniqueo que tiende a obviar la legalidad en aras de un supuesto interés general y público según la caprichosa interpretación de quien dicta la resolución».

A pesar de que «se constata la existencia de ruidos y molestias a los vecinos a altas horas de la madrugada, la emisión de ondas sonoras perjudiciales en una zona protegida» y «los residuos, excrementos y basuras abandonados en la playa» tras esos conciertos, la alcaldesa se acogió a un informe que calificaba el local «como un ‘servicio esencial y necesario’». Todo ello lo plasmó en una «resolución administrativa para obviar las medidas provisionales amparándose en criterios puramente oportunistas y mercantiles», remarca el juez, que muestra «verdadero estupor» por el proceder de la primera edil socialista en aquel momento.

«Nos encontramos ante una actividad diaria del chiringuito en los meses de verano amparada por una completa inacción de la Administración local» que, además, «ocupa la Zona de Dominio Marítimo Terrestre, que no tiene licencia de apertura y que, si la tuviera, sería para restaurante y no para discoteca», añade.

En este sentido, pone como ejemplo que el 28 de julio de 2019, «a las 4:34 horas de la madrugada, el establecimiento se encuentra abierto al público con una gran cantidad de personas bailando, bebiendo y con la música bastante alta para dicha hora, pero la Policía Local ni siquiera adopta la medida de precintar y retirar los equipos de sonido, sino que se limita a informar al propietario de que será denunciado por incumplimiento de horario».

«La Administración local, contraria a la buena fe y lejos de perseguir el interés general, lo que está haciendo es abogar por un interés muy particular del establecimiento y su titular frente a denuncias legítimas de ciudadanos a los cuales se facilita una información tergiversada deliberadamente para ocultar la insostenible actuación administrativa», zanja el juez en el auto, recogido por Europa Press.

El escrito judicial destaca la continuidad de esta permisividad incluso tras el cambio de gobierno municipal, lo que evidencia un «trato de privilegio» hacia el titular del negocio, que también ha sido citado a declarar como investigado por un presunto delito contra el medio ambiente.

La Policía Local acudió al chiringuito el pasado jueves, desalojó a los clientes y precintó el establecimiento. Aunque se trata de una medida cautelar, podría ampliarse en los próximos días. La plantilla, por su parte, ha anunciado una concentración en señal de protesta.