La Fiscalía avisa: el tráfico de inmigrantes y droga desde Argelia «es un desafío abierto al Estado»

El narcotráfico y la inmigración ilegal preocupan, y mucho, a la Fiscalía General del Estado. En su memoria anual, presentada al inicio del año judicial, la Fiscalía alerta del «crecimiento progresivo» del flujo migratorio desde Argelia, que incluye tráfico de drogas y seres humanos, y del «espectáculo lamentable» que protagonizan las narcolanchas en nuestras costas, «provocando» a las fuerzas del orden y planteando «un desafío abierto al Estado».

En cuanto al tráfico ilegal de inmigrantes, el informe describe un cambio de patrón: menos pateras, más lanchas rápidas y viajes masivos. El negocio se ha industrializado. En primer lugar, la Fiscalía observa nuevos métodos de traslado, pasando de «pequeñas pateras convencionales» a «medios más sofisticados», con el objetivo de introducir más personas a bordo y multiplicar los beneficios.

También señala un «cambio» en su «infraestructura» y su «forma de actuar», ya que ante la «poca oferta» de embarcaciones y motores en Argelia y Marruecos, las organizaciones optan por adquirirlas en España y otros países europeos. Fruto de ello, han modificado sus rutas: ahora salen de nuestras costas, recogen a los inmigrantes en Argelia y vuelven a España, aprovechando el viaje para introducir droga. Un reciente informe de la UE ya alertó de la infiltración de criminales en pateras que llegan a la península y Baleares desde Argelia.

Por tanto, recalca el informe, «una parte importante» de las mafias se asienta en España, aunque a su vez está interrelacionada con los países de origen de los inmigrantes, principalmente Argelia, cuyas mafias van tejiendo una estructura logística que cubre todo el proceso: ya no sólo se encargan de llevar personas de África a Europa, sino que, una vez en España, organizan también su alojamiento y su inmediato traslado a otros puntos de nuestro país.

La Fiscalía acude a datos del Ministerio del Interior para destacar «el incremento de llegadas por vía marítima» en 2024, con 1.807 embarcaciones localizadas (10 menos que el año anterior) y 61.323 inmigrantes ilegales detectados (5.705 más). En Ceuta y Melilla, las entradas terrestres –que incluyen las llegadas a nado– pasaron de 1.234 a 2.647, un 114,5% más.

El narcotráfico, problema de Estado

En lo que respecta al narcotráfico, la Fiscalía recalca que los procedimientos por tráfico de drogas en España se incrementaron «en un notable 23,21%» en 2024 (de unos 24.000 a unos 30.000), con «el extraordinario crecimiento del tráfico de cocaína» como trasfondo. «El narcotráfico se extiende por todo el territorio», advierte el informe, y Andalucía sigue siendo una de las comunidades «más afectadas».

Pese a que el tráfico de drogas es un fenómeno «que suele estar oculto y trata de pasar desapercibido», a los narcos les importa cada vez menos ser discretos. Les da igual la «visibilidad», no les importa ser «llamativos», ni siquiera actuar «a plena luz del día», subraya la Fiscalía. La «exhibición constante» de narcolanchas y la «provocación» a las fuerzas y cuerpos de seguridad son «un desafío abierto al Estado que requiere una respuesta firme y adecuada».

Todo ello provoca «alarma» e «impotencia» y dibuja un «panorama desolador», ya que las narcolanchas están extendiéndose por «nuevas vías» y nuevos mercados como la cocaína. Ya «no se quedan en el Estrecho, sino que amplían su itinerario» por las costas andaluzas hasta «entrar incluso por el Guadalquivir». En las Navidades de 2024, se intervinieron 10 toneladas de cocaína en sólo dos semanas en zonas colindantes con el río.

A esto se suma que las narcolanchas protagonizan sucesos cada vez más violentos. Además del asesinato de dos guardias civiles en 2023, durante 2024 y en lo que va de 2025 han provocado otras cinco muertes, todos narcos (uno en Sanlúcar de Barrameda, otro en Barbate, otro en Cádiz, otro en Tarifa y el último en aguas internacionales, frente a Barbate).

Sobre la criminalidad asociada al tráfico de drogas, la Fiscalía recoge varios ejemplos, entre ellos el asesinato en Chiclana (Cádiz) de un ciudadano holandés, de origen marroquí, por un ajuste de cuentas por tráfico de hachís. El hombre era un testigo protegido que declaró contra uno de los jefes de la Mocro Maffia en Países Bajos. También alude al narco que atropelló a un policía nacional en Algeciras (Cádiz), provocándole un grado de discapacidad del 60%.

Tras Barcelona y Madrid, Málaga se consolida como la tercera provincia con más procedimientos sobre tráfico de drogas, en buena parte porque «la presión policial en el Campo de Gibraltar ha desplazado las actividades de los narcotraficantes a la Costa del Sol», territorio habitual de las mafias. Málaga y Marbella son foco principal de las actividades de sofisticadas organizaciones criminales nacionales y extranjeras que al tráfico de drogas suman «las actividades necesarias para asegurar sus ganancias con distintas y complejas actividades financieras de lavado de activos», resume el informe.

La memoria recoge también la denuncia del fiscal delegado de Málaga: el puerto malagueño no tiene escáner y la empresa que lo facilita (Adtrans) cuenta con trabajadores investigados «por colaborar con las organizaciones criminales en la introducción de contenedores».

En la provincia de Huelva, las incautaciones por cocaína se han disparado un 600%, pasando de los 558 kilos en 2023 a los casi 3.000 de 2024. Además, en febrero de este año se incautaron en el Guadiana 1.600 kilos de cocaína en un solo alijo.

Y es que las mismas organizaciones criminales asentadas en la provincia que antes traficaban con hachís ahora se dedican al transporte de cocaína. El proceder de las mafias lo refleja «muy nítidamente» la fiscal delegada de Huelva: «Ahora se planta marihuana para tener unos ingresos estables en el tiempo, y luego se alija cocaína o hachís según la fórmula riesgo/ganancia. El mayor problema derivado del tráfico de cocaína es el incremento de la violencia y la introducción de armas de guerra».

En 2024 hubo cinco procedimientos con depósito de armas de guerra en Huelva. «Hemos pasado de una o ninguna causa con armas de guerra a que, en casi todas las desarticulaciones de organizaciones criminales, aparezcan éstas y sus municiones. O que las descargas de hachís se aseguren por individuos encapuchados con apariencia paramilitar y kalashnikov en mano (…). El uso de estas armas es constante, así como los heridos y desaparecidos, empleando violencia extrema entre los propios delincuentes para los famosos vuelcos (robos de mercancías entre ellos), así como para castigar las pérdidas de mercancía. El uso de estas armas viene asociado, además, con una difusión de su ostentación en redes sociales», alerta la fiscal.