La familia de Marta del Castillo compró el piso del crimen para Carcaño a cambio de ubicar el cadáver
Miguel Carcaño culpa a su hermano Javier de la muerte de Marta del Castillo: "Ya terminó el tiempo de mentir"
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La familia de Marta del Castillo adquirió hace unos meses el piso de la calle León XIII donde se cometió el crimen con un propósito: ofrecérselo a Miguel Carcaño, condenado a más de 21 años de cárcel por el asesinato de la joven, a cambio de que revele la ubicación del cadáver.
Antonio del Castillo, padre de Marta, envió a principios de verano una carta a prisión remitiendo a Carcaño la oferta. La propuesta caducaba el 31 de agosto de 2021 pero, según detalla ABC, la familia no ha obtenido respuesta ni antes ni después de dicha fecha.
La citada vivienda fue embargada y cayó en propiedad del banco tras el impago de la hipoteca. La última versión de Carcaño señala que fue precisamente dicha hipoteca el desencadenante de la discusión que acabó con la vida de Marta. Según relató al propio Antonio del Castillo, discutió con su hermano, Francisco Javier Delgado, Marta medió para defender a Miguel y Delgado le propinó un golpe con la culata de su pistola.
Esta última versión fue llevada al Juzgado de Instrucción nº 4 cuatro de Sevilla, incluyendo nóminas falsificadas y diversa documentación fraudulenta empleada para conseguir una hipoteca de 108.000 euros. La Justicia cerró la investigación pese a «la trascendencia penal de estos hechos» ya que «estarían prescritos». La sentencia está a expensas de un recurso ante la Audiencia Provincial.
Cabe recordar que Carcaño saldría de prisión en 2030. La familia de Marta, consciente de que no tiene a dónde ir, le ha ofrecido la planta baja del nº 78 de León XIII con el fin de conocer, por fin, el paradero de Marta. Han pasado ya 13 años desde el crimen.
«La hipotética pelea»
«Por más que los datos aportados permitan comprender el modo de vida de los dos hermanos previo a los hechos, no alcanzan a establecer dato relevante para este procedimiento», insistía el juez, invocando el auto de 26 de mayo de 2013, que ya abordaba «la hipotética pelea entre ambos hermanos en el momento de producirse los hechos y se señalaba que Francisco Javier Delgado no negó, en términos genéricos, que pudo haber tenido alguna discusión por motivos económicos con su hermano», toda vez que «cuestión distinta es que precisamente fuera aquel día, y no otro, y que esas diferencias fueran el detonante de la brutal reacción» que le atribuía Carcaño.
Así, el magistrado concluía que «las indagaciones practicadas no han aportado elemento alguno que lleve a comprobar el lugar de ubicación del cuerpo de la víctima, ni a establecer la posible participación de terceros en los hechos investigados, sin que la mera declaración del penado Miguel Carcaño, cuya credibilidad está totalmente destruida por los diversos cambios que ha venido dando en sus versiones, en las que ha hecho gala del mayor desprecio hacia el sufrimiento de la familia y hacia la verdad, pueda mantener por sí mismas las actuaciones».
Los teléfonos móviles
Además, recordemos que el Juzgado de Instrucción nº 4, en el marco de la pieza correspondiente a la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, ordenó el pasado mes de abril nuevas actuaciones en torno al teléfono de Carcaño y sobre los datos crudos de dicho móvil y de los terminales telefónicos de la víctima, de ‘El Cuco’ y de otras personas otrora incluidas en la investigación, al objeto de elaborar un informe pericial.
El Juzgado de lo Penal nº 7 de Sevilla, de su lado, tiene fijados para los próximos días 26, 27 y 31 de mayo y 2, 7 y 9 de junio de 2022, el juicio promovido contra el joven Francisco Javier García, conocido como ‘El Cuco’ -condenado por encubrir el asesinato de Marta del Castillo- y contra la madre de éste, por un presunto delito de falso testimonio derivado de sus respectivas comparecencias en el juicio celebrado en 2011 por el citado crimen, aspecto por el cual la Fiscalía reclama para cada uno de ellos ocho meses de cárcel y multas de 1.500 euros, mientras la familia de la víctima pide dos años de prisión y multas de 1.800 euros.