La corrupción del PSOE en Andalucía ya salpica a 3 ministros de Sánchez: Planas, Mª Jesús Montero y Ribera

La trama Isofotón amplía su listado de investigados y esta vez pone la lupa en dos de los ministros del Gobierno de Sánchez, la titular de Hacienda, María Jesús Montero y el ministro de Agricultura, Luis Planas, que se unen así a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera que, cabe recordar, fue fichada como directiva de la empresa fotovoltaica.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla sigue tirando del hilo y la cada vez más estrecha manta deja al descubierto más nombres involucrados en esta macrocausa de corrupción del PSOE-A, que ahora salpica de lleno al actual Consejo de Ministros.  Tanto Planas como Montero formaban parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que el 3 de julio de 2012 concedió un préstamo presuntamente irregular de 8,39 millones de euros a Isofotón.

A los nombres de Planas y Montero, se suma también el de Teresa Ribera, actual vicepresidenta cuarta del Gobierno de Sánchez, que formó parte del ‘staff’ de Isofotón entre septiembre de 2012 y mayo de 2013 en labores de evaluación y asesoramiento para la internacionalización de la empresa en terceros países.

Cabe recordar que Isofotón, empresa fotovoltaica, contaba con 700 trabajadores cuando se vendió por un euro. La Junta socialista de Andalucía aprovechó para regar la empresa con subvenciones de más de 80 millones de euros entre 2005 y 2012, coincidiendo con las presidencias de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Fiscalía Anticorrupción ha probado que la Junta socialista concedió dichos créditos a sabiendas de la crisis de la compañía y consciente de la escasa solvencia de la entidad.

En total, son 37 los exaltos cargos investigados, entre los que se encuentran cuatro exconsejeros de Innovación y Empleo, tres exviceconsejeros, el exjefe del gabinete jurídico de la Junta, el expresidente de la caja de ahorros El Monte y un exdirectivo -curiosamente, sobrino de Felipe González-.

La magistrada que instruye esta causa, Patricia Fernández, ha solicitado a la Consejería de Presidencia de la Junta el acta de la citada Comisión Delegada para Asuntos Económicos de verano de 2012, a instancias de un escrito de la Fiscalía Anticorrupción presentado el pasado 3 de febrero, en el que solicitaba el documento de la sesión para dilucidar quién tomó parte en la adjudicación de la subvención, tal y como han adelantado este martes Diario de Sevilla y ABC.

José Antonio Griñán, presidente de dicha comisión, no acudió a la misma. Sí que estaban presentes los por entonces concejales de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, y de Agricultura, Luis Planas.

También participaron los consejeros de Obras Públicas y de Turismo, Elena Cortés; y de Comercio y Deportes, Rafael Rodríguez, ambos de IU. Además, en la reunión estaban presentes otros socialistas como el responsable autonómico de Economía, Antonio Ávila; la consejera de Educación, María del Mar Moreno, y su homólogo en Cultura, Luciano Alonso.

La pregunta que todos se hacen: ¿por qué la Junta siguió avalando préstamos con dinero público para reforzar a una empresa que estaba en la ruina? Pese a las señales de alarma de los expedientes, los gestores de la Junta de Andalucía continuaron destinando fondos a la compañía, aunque no frenaron lo inevitable: la empresa malagueña fue declarada en concurso de acreedores y terminó cerrando en 2014, dejando en la calle a más de 350 trabajadores.

Irregularidad expresa

Según la Fiscalía, y tal y como recoge Europa Press, el préstamo fue concedido «con conocimiento de los incumplimientos existentes en las ayudas otorgadas con anterioridad por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y con la finalidad de permitir el reintegro de un préstamo anterior, incluso sin que este se realizara» y constando en el expediente de concesión un plan de negocio «sin fecha e identificación de autor» y una petición según la cual Isofotón no había «solicitado otros incentivos o financiación pública» en los dos años previos, sin que tal aspecto «fuera comprobado por los responsables» institucionales.

Un informe técnico de la administración, en ese sentido, habría puesto de relieve que la entidad tenía «avalados» entonces 29 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, así como la advertencia de que el plan de negocio no contaba con datos «verificados», los mismos serían «poco fiables» y el documento en sí se basaría en una simple «declaración de intenciones».

«A pesar de ello, y con negligencia grave rayana en la intención, se propone un resultado apto» con relación al préstamo por la «importancia estratégica de la empresa» al contar la misma con más de 700 empleados, se indica con relación al citado informe técnico.

El mismo técnico habría firmado un posterior análisis financiero declarando «apta» la operación, pero con el «reconocimiento expreso de la irregularidad de presentación de las cuentas mediante alteraciones de las anotaciones contables» y el «conocimiento de la existencia de avales» por importe de 17 millones de euros con un vencimiento de 18 meses, «no contemplado por la empresa», así como la existencia de un «reintegro pendiente por anticipo de ayudas».

La «propuesta final de inversión», según la Fiscalía, señalaba que la disposición del préstamo no podría materializarse hasta ser «resuelta la materialización del ingreso en caja de la resolución de reintegro del anticipo» de la ayuda concedida a Isofotón en junio de 2007, si bien «la condición no se llegó a cumplir y el préstamo se otorgó».

A tal efecto, la Fiscalía indica que fue «la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía quien formuló las modificaciones» relacionadas con el citado préstamo, lo que lleva al Ministerio Público a precisar que dicha comisión está presidida por quien ejerza la Presidencia de la Junta de Andalucía (entonces el socialista José Antonio Griñán), ostentando la Vicepresidencia el consejero de Economía, Innovación y Ciencia y la Secretaría el secretario de dicho departamento, toda vez que de dicho órgano también toman parte quienes encabecen las consejerías responsables de las áreas de Hacienda y Administración Pública, Obras Públicas y Vivienda, Empleo, Agricultura y Medio Ambiente y otras más.