Compromís exige al Gobierno de Sánchez quitar una lápida franquista en Córdoba

Compromís ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez qué está haciendo para lograr «la retirada» de la lápida que se mantiene aún, a la vista pública, en la tumba que, en el Cementerio de la Salud de Córdoba, está «dedicada al general golpista Ciriaco Cascajo Ruiz, cuya participación en el bando de los sublevados» franquistas contra la República «fue determinante en Córdoba en 1936», siendo «responsable directo» del asesinato de miles de cordobeses.

Ello, según recoge la pregunta del portavoz de Compromís y miembro del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal en el Senado, Carles Mulet, contraviene la legislación vigente en materia de memoria histórica, ya que en «la lápida, visible por cualquier persona que visite el cementerio, se puede leer que este genocida es hijo preclaro y predilecto de Córdoba y se exalta el golpe de Estado» en el que tomó parte y que, tras su fracaso, derivó en la Guerra Civil y posterior establecimiento de la dictadura franquista.

Dicha lápida, situada a pocos metros de una fosa común que acoge los restos de centenares de represaliados fusilados por orden de Cascajo, recoge lo siguiente: ‘Yace aquí el cuerpo del Excelentísimo Señor Don Ciriaco Cascajo y Ruiz. General de División, patriota ejemplar, hijo predilecto de Córdoba y su más enérgico y decidido defensor en el Alzamiento Nacional de 1936. El Ayuntamiento de la ciudad le concedió este sepulcro en señal de perenne gratitud». Ello, a juicio de Mulet, entra en el supuesto de «símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática» que, según la Ley, deben eliminarse.

Por ello, le preguntó al Gobierno de España «¿qué medidas va a adoptar para exigir al Ayuntamiento de Córdoba la retirada de estas inscripciones y la retirada de los títulos de hijo predilecto de este genocida?», y obtuvo la respuesta de que, «cuando dichos elementos estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación», en este caso el Ayuntamiento de Córdoba.

Además, «se establece que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y con arreglo a los correspondientes procedimientos, adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor» de la Ley de Memoria «que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista».

El Ejecutivo central ha aclarado que, para los casos en los que los símbolos «no hayan sido retirados o eliminados voluntariamente, se constituyó un comité técnico para la elaboración de una relación de los elementos que deben ser retirados o eliminados» y, en este caso, «la Consejería (de la Junta de Andalucía) competente en materia de memoria democrática incoaría de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos».

En ese sentido, según concluye la respuesta del Gobierno a Mulet, «la Secretaría de Estado de Memoria Democrática se dirigirá al órgano competente en materia de memoria democrática en la Junta de Andalucía, a efectos de determinar las actuaciones que procedan, en su caso respecto a la lápida en el Cementerio Nuestra Señora de la Salud en Córdoba a la que se refiere esta pregunta».

Ante esta respuesta del Ejecutivo central, el portavoz de Compromís y miembro del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal en el Senado, Carles Mulet, ha formulado por escrito una nueva pregunta al Gobierno de España, para la que espera respuesta: «¿ha materializado ya la Secretaría de Estado de Memoria Democrática este trámite?» y, «¿con qué resultado?».