Moncloa encarga a Iceta poner en marcha el plan para ilegalizar las fundaciones «franquistas»

La ilegalización de las fundaciones «franquistas» es una de las medidas recogidas en la llamada Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Gobierno gracias a Bildu. Una vez la norma ha entrado en vigor, Moncloa ya avanza en el plan, del que se ocupa el Ministerio de Cultura. El departamento de Miquel Iceta estudia «la mejor manera» de cumplir la ley para ilegalizar las fundaciones «cuyos fines», en opinión del Ejecutivo, «no se adecúen al interés general».

La norma establece que «concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo». A estos efectos, Moncloa esgrime que «se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales». La Fundación Francisco Franco es una de las organizaciones en el punto de mira de Pedro Sánchez.

En este contexto, el departamento responsable de acometer la ilegalización será el Ministerio de Cultura, a través del llamado Protectorado de Fundaciones. A este organismo corresponderá «instar judicialmente la extinción de la fundación», pudiendo en ese momento ya el juez acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia, así como adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias.

Según acaba de trasladar el Gobierno al Senado, en una respuesta por escrito a la que ha tenido acceso OKDIARIO, «una vez en vigor la Ley de Memoria Democrática, el Ministerio de Cultura y Deporte estudiará ahora la mejor manera de cumplirla en lo referente a la eventual ilegalización de las fundaciones».

Asociaciones

La ley no establece plazo para acometer ese procedimiento. Sí lo hace en el caso de la ley de asociaciones, que permitirá también ilegalizar a estos colectivos.

Así, la norma estipula que, tras la entrada en vigor -el pasado 19 de octubre-, se abre un plazo de un año para que el Gobierno promueva una modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, «con el objeto de incluir como causa de disolución de las asociaciones la realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

Al tratarse de una ley orgánica, Sánchez necesitará de una mayoría absoluta para modificarla. Eso significa que, con la mayoría con que la ley de «Memoria Democrática» fue aprobada en el Congreso, el pasado julio -173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones- no saldría adelante, como informó OKDIARIO. El socialista tendrá que buscar el apoyo imprescindible de ERC y BNG -que se decantaron por la abstención al considerarla insuficiente-, además de algún diputado de Junts y la CUP, que votaron en contra. La reforma coincidirá así con el intenso ciclo electoral que se avecina en 2023.

También en el plazo de un año el Gobierno tendrá que poner en marcha una «comisión técnica», pactada con Bildu, que deberá «elaborar y presentar un estudio «que describa el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la dictadura» y que «establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y los déficits subsanables».

Además, la norma obliga al Ejecutivo a presentar en el Congreso la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y a realizar una auditoría de los «bienes expoliados» en la Guerra Civil y la dictadura.