El chófer del socialista Guerrero ratifica que gastaron subvenciones de la Junta en fiestas y cocaína

La Audiencia de Sevilla ha arrancado este lunes el juicio de la pieza separada de la macrocausa de los ERE que investiga los casi 1,5 millones de euros que el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero concedió a Juan Francisco Trujillo, su chófer y hombre de confianza. Parte del dinero se gastó en cocaína y fiestas, despilfarro que Trujillo, como ya corroborara en sus distintas comparecencias, ha vuelto a ratificar ante el juez: «Sigo diciendo que soy culpable».

La Fiscalía Anticorrupción reclama 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de más de 1,47 millones a Trujillo, que este lunes ha solicitado renunciar a su actual abogado defensor y que le sea designado otro de oficio. «No confío en él. Me estoy jugando muchos años de cárcel y no me siento bien atendido», ha alegado. El tribunal ha denegado su petición porque está «perfectamente representado».

La vista estaba inicialmente programada para septiembre de 2022, si bien fue suspendida poco antes de su inicio por la renuncia de la procuradora y la abogada de la antigua Vitalia SA, entidad incluida en el juicio y contra la que la Junta de Andalucía formuló acusación como responsable civil a título lucrativo.

La causa, recordemos, se dirigía inicialmente contra el socialista Francisco Javier Guerrero (condenado por el procedimiento específico de financiación de los ERE y fallecido en octubre de 2020); ‘el chófer de la coca’ Juan Francisco Trujillo; el administrador de una de las empresas del ex chófer, Isidoro Ruz Espigares; y el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín (este último ya condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de aceitunas Acyco). También figura como acusada, aunque sólo a título lucrativo, la esposa de Trujillo, Juana Gallego. La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años y tres meses de cárcel para Espigares y otros seis años de prisión para Albarracín.

Según la Fiscalía, Trujillo, personal de la Junta de Andalucía asignado como conductor de Guerrero, acordó con éste la constitución de sociedades mercantiles «para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión». Las empresas eran Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, que recibieron un total de 900.000 euros de fondos autonómicos.

Asimismo, el Ministerio Público asevera que Guerrero y Trujillo «decidieron» que Espigares presentara un proyecto para el emplazamiento de una granja avícola en demanda de una subvención de 450.000 euros, cosechando dicha cantidad en favor de la empresa Ave Nueva, dinero que fue entregado «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» y «concediéndose por Guerrero sin competencia legal para ello».

La Fiscalía considera que Trujillo, como persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades, «dispuso» del total de 1.350.000 euros transferidos «como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron». Es más, con estas ayudas, el ex chófer de Guerrero «financió compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos», añade.

Asimismo, según la Fiscalía, Trujillo entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca, mientras Guerrero «recibió entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína por parte de su chófer, sin que se haya podido cuantificar su importe, pero constituyendo éste un porcentaje importante de estos fondos».

Comparecencia de Trujillo

Ya en su comparecencia como acusado, Trujillo ha respondido exclusivamente a su abogado defensor, del que había renegado minutos antes, para ratificar «totalmente» lo que declaró ante la Policía y ante la juez que investigó el caso, Mercedes Alaya, es decir, que recibió ayudas autonómicas, que tenía relación con Guerrero y que parte de ese dinero se dilapidó en copas y cocaína, declinando contestar las preguntas del fiscal. «Sigo diciendo que soy culpable», ha espetado.

En su comparecencia inicial tras haber sido imputado, Trujillo declaró, entre otros aspectos, que entregó a Guerrero entre 40.000 y 60.000 euros de las ayudas que él mismo le concedió, además de regalos «diversos» como «contraprestación» a las subvenciones públicas otorgadas a sus empresas. Admitió que «la mayor parte» del dinero fue finalmente dedicada a cocaína, «fiestas y copas».

Tras ratificar sus comparecencias en fase de instrucción, el ‘chófer de la coca’ ha asegurado que si entregó a su esposa 24.000 euros de los fondos públicos recibidos fue porque ella «necesitaba pagar una cuota de un crédito» que había solicitado, subrayando que su mujer le «devolvió» esa cuantía posteriormente.

Comparecencia de su esposa

En dicho sentido, Juana Gallego ha explicado en su comparecencia (en la que, al igual que su marido, sólo ha accedido a responder a preguntas de su abogado defensor) que, en efecto, necesitaba de ese dinero «para la adquisición de una vivienda» y que su marido le dijo que «se lo pediría a un compañero».

Según ha explicado, Trujillo le «prestó» esos 24.000 euros y tiempo después, cuando él le «dijo que hacía falta» devolverlo, ella se lo entregó, transfiriéndole 50.000 euros procedentes de un préstamo hipotecario.

De su lado, Ruz Espigares, que sí ha accedido a responder al fiscal, ha manifestado que él carece de conocimientos sobre subvenciones públicas y que tanto la empresa Ave Nueva, creada junto con Trujillo, como otra más, creada por él mismo con fines hoteleros, «eran reales» y estaban ideadas para funcionar, si bien en el primer caso la localización de restos arqueológicos en la parcela elegida para el proyecto impidió la actividad.

Ruiz Espigares ha asegurado que la ayuda de 450.000 euros concedida para la empresa Ave Nueva fue «traspasada» después a la siguiente empresa, de actividad hotelera, porque Trujillo le dijo que «se podía hacer perfectamente», asegurando que invirtió la ayuda «entera» en esta nueva sociedad, que contó con «20 o 25 trabajadores» y que quebró finalmente por la crisis de 2008. En cualquier caso, ha negado que pagase «absolutamente nada» por los fondos recibidos ni que nadie le reclamase «contraprestación» alguna por ello.

El PP retira una de sus acusaciones

Al comenzar el juicio, en la fase de cuestiones previas, la acusación popular que ejerce el PP de Andalucía ha anunciado su decisión de retirar la acusación por un presunto delito de asociación ilícita, momento en el que Trujillo ha solicitado renunciar a su actual abogado defensor para que le fuese designado otro de oficio.

El acusado ha manifestado que no se siente «bien atendido» por su actual letrado, José Manuel Sánchez, y que no tiene «confianza» en él de cara a este juicio. «Me estoy jugando muchos años de cárcel y no me siento representado», ha apuntado el inculpado, cuya petición ha contado con la oposición directa de la Fiscalía y del resto de acusaciones (la Junta de Andalucía y el PP andaluz).

Tras un receso, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia ha denegado su solicitud, exponiendo que el inculpado está «perfectamente representado» por su actual abogado defensor y que Trujillo hía permitido que el juicio comenzase con su letrado como representante, «dejando» transcurrir la fase de cuestiones previas con este abogado al frente de su defensa.

El chófer de Guerrero ha alegado que ha formulado su petición de renuncia cuando su abogado le había manifestado que era «la ocasión» para hacerlo, insistiendo la presidenta del tribunal en que debería haberlo hecho antes del comienzo del juicio, y recalcando además que cuenta con el letrado que le ha asignado el Colegio de Abogados tras serle denegada la justicia gratuita y no proponer él un abogado propio.